No es fácil pronosticar cuáles pueden ser los desenlaces posibles de la crisis social que tiene paralizados a los departamentos más poblados del país. La pulseta entre un líder que quiere evadir la justicia y un presidente hasta ahora incapaz de disponer su detención amenaza con convertirse en un conflicto determinante para el futuro –si lo tiene– del gobierno.
Evo Morales mostró que todavía tiene poder de convocatoria entre los sectores más radicalizados, incluso para organizar movilizaciones sin más causa que la de impedir que continúe el proceso por estupro en su contra. Si en el pasado las marchas y bloqueos se organizaban para recuperar la democracia, defender la tierra o evitar la construcción de carreteras en parques nacionales, hoy se utilizan los mismos recursos para mantener la impunidad de un presunto delincuente.
No deja de advertirse un montaje mafioso en todo esto, cuyos antecedentes pueden remontarse incluso en los bloqueos de la década de los años noventa en el Chapare, precisamente cuando las federaciones cocaleras organizaron una feroz y efectiva resistencia a la erradicación de miles de hectáreas de coca ilegal que se destinaba –y aun se destina– a la fabricación de droga.
Pero no solo los cocales son escenario de este tipo de reacción, disfrazada de heroica cruzada social, sino también las fronteras, donde los operadores del contrabando también se valen de las movilizaciones y amenazas para hacer fracasar cualquier estrategia que se aplique a fin de combatir este delito.
Y ni qué decir de la minería del oro. Se sabe que desde hace algún tiempo se han dado en concesión áreas que debían preservarse e incluso la extensión total de varios ríos que, a estas alturas, dejaron de ser cristalinos y se transformaron en una turbulencia de aguas amarillas que destruyen la vida a su paso.
El uso de mercurio y otras sustancias que provocan un daño irreversible en el medioambiente ha sido alentado en lugar de combatido, y cuando se quiere hacer algo, los “hermanos” mineros, de quienes se piensa que todavía son los mitayos coloniales o los explotados de antes de la nacionalización, llegan hasta la ciudad para conseguir lo que quieren a punta de dinamitazos y miedo.
En el oriente durante varios años los avasalladores de tierras y también los incendiarios de bosques fueron tratados prácticamente como “luchadores sociales”, amparados en consideraciones especiales del gobierno a cambio de respaldo y en normas concebidas para arrasar con los bosques.
Cuando los movimientos sociales se convierten en instrumentos al servicio de intereses personales o en grupos de presión cuyo único objetivo es el de evitar la aplicación de las leyes, entonces estamos en las puertas del caos que hoy envuelve y está a punto de asfixiar no al gobierno, sino al país.
Si, como parece, Evo Morales se sale con la suya y el presidente rehuye su responsabilidad de hacer respetar la Constitución y las leyes del Estado, la deriva inmediata podría ser catastrófica para Bolivia y el destino de quienes hoy son los protagonistas principales del descalabro es el de pasar a la historia como los defensores del delito.
