La libertad de prensa, pilar fundamental de cualquier democracia, en Bolivia está desangrándose en la sala de emergencia. Los constantes ataques, restricciones y amenazas a los periodistas y medios de comunicación independientes se han vuelto tan “normales” que ya a nadie parece importarle. Y es por eso mismo que hay que insistir en el tema. Sólo durante estos días de bloqueo han sido 25 agresiones, incluyendo intentos de asesinato.
Es imperativo analizar esta problemática y como sociedad exigir medidas urgentes para garantizar el ejercicio libre y responsable de la profesión periodística. Tener una credencial o un chaleco que dice prensa debería ser protección segura. En vez de eso, periodistas se han convertido en blanco de tiros. Francamente es un milagro que todavía haya quienes se dedican a la profesión del periodismo.
Somos testigos a diario de una escalada de violencia, tanto física como psicológica, contra periodistas. Agresiones durante manifestaciones y bloqueos, detenciones arbitrarias, procesos judiciales infundados y campañas de desprestigio han creado un clima de miedo e inseguridad que silencia las voces críticas. Esto limita nuestro derecho al acceso a la información y, mezclado con la desinformación continua, nos envuelve a todos en una nube de ansiedad constante. La impunidad que rige en casos de ataques a la prensa es alarmante. Envía un mensaje claro de que arremeter contra ella no tiene consecuencias. Incluso parece que se alentara esa hostilidad.
Además de la violencia directa, se han implementado diversas estrategias para coartar la libertad de expresión, limitando la pluralidad de voces y la diversidad de opiniones. La autocensura se ha convertido en una práctica común entre los periodistas que temen represalias si informan sobre temas sensibles o critican al Gobierno, sindicatos u otros grupos poderosos. La reciente suspensión temporal de Radio Colonial Totora en Cochabamba es sólo uno de cientos de ejemplos. Sobre todo, medios locales pequeños están en peligro de extinción.
Las consecuencias de esta situación son graves y afectan a toda la sociedad. Una prensa libre es esencial para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el control del poder. Cuando los medios de comunicación son silenciados o controlados, se impide que la ciudadanía esté informada sobre los asuntos de interés público y se dificulta la participación ciudadana en la vida política. Además, la falta de libertad de prensa debilita al Estado de derecho y fomenta la corrupción. Todo esto favorece a aquellos que quieren atornillarse en el poder y hacer y deshacer a su antojo. Por eso mismo es nuestro deber como ciudadanos defender al llamado “cuarto poder”, que hoy está agonizando. Sin él, no hay equilibrio de poderes.
Es urgente tomar medidas para proteger la libertad de prensa en Bolivia. En primer lugar, es necesario garantizar la seguridad de los periodistas y sancionar a los responsables de agresiones y amenazas. Esto implica asegurar que los casos de violencia contra periodistas sean investigados de manera exhaustiva. Los culpables deben ser llevados ante la justicia.
En segundo lugar, se debe promover la pluralidad de los medios de comunicación y garantizar el acceso a la información. Esto implica desmantelar los monopolios mediáticos, fortalecer los medios comunitarios y garantizar la independencia de los organismos reguladores. Instituciones como la Defensoría del Pueblo deben levantar la voz en momentos de violencia contra la prensa.
Por último, es fundamental que la sociedad civil, las organizaciones internacionales y los gobiernos democráticos ejerzan presión sobre el Gobierno boliviano para que se respete la libertad de prensa. La defensa de este derecho es responsabilidad de todos.
La libertad de prensa no es un privilegio ni un simple accesorio. Es la columna vertebral de una democracia sana y vibrante. Al proteger a los periodistas y garantizar el libre flujo de información, estamos construyendo un futuro más justo y equitativo para todos.
