El Gobierno nacional quedó sobrepasado por los incendios forestales y, por lo tanto, corresponde realizar la declaración de desastre, que permitiría facilitar la ayuda internacional y mitigar los daños que podrían volverse irreversibles. El fuego persiste desde hace tres meses en Bolivia y arrasó 7,2 millones de hectáreas, de acuerdo con el registro de la Gobernación de Santa Cruz hasta el pasado viernes.
En los últimos días, el Defensor del Pueblo, alcaldes y otros actores sociales han exigido con urgencia la declaratoria de desastre nacional al Gobierno.
La Ley 602 de Gestión de Riesgo establece que se declara desastre nacional cuando la magnitud e impacto del evento haya causado daños de manera que el Estado en su conjunto no pueda atender con su propia capacidad económica o técnica, situación en la que se requerirá asistencia internacional.
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, indicó que el Gobierno evalúa el pedido de declaración de desastre nacional. Señaló que se aguarda el pronunciamiento del resto de las autoridades para evaluar la situación y aseveró que no se escatiman esfuerzos para la mitigación de los siniestros.
La senadora Cecilia Requena explicó que, en el caso de una declaratoria de desastre nacional, el Estado admite que fue rebasado por la situación y que es incapaz para lidiar con los incendios forestales.
“Es evidente que el Gobierno quedó sobrepasado por la situación y además reaccionó de forma tardía en la declaratoria de emergencia del 7 de septiembre, cuando el fuego ya era incontrolable en la Chiquitanía”, aseguró.
La reacción tardía del Gobierno no es una circunstancia accidental para Requena, sino una actitud cómplice para la apropiación de predios, “sobre todo de tierras fiscales, a veces en áreas protegidas como el Chore para poder revenderlas después”.
Pero ¿qué diferencia hay entre la declaratoria de emergencia y de desastre? Requena explicó que, en el segundo caso, existe una responsabilidad de la comunidad internacional de intervenir para atender el desastre; en cambio, ahora se cuenta con el apoyo voluntario de países vecinos a través de brigadas.
Además, la declaratoria de desastre sinceraría la situación y probablemente signifique algo más de ayuda internacional.
“Estamos creando las condiciones para un desastre monumental”, alertó Requena.
El director e investigador del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis) Miguel Vargas proyectó que este año los incendios forestales devastarán 10 millones de hectáreas debido a las condiciones de sequía extrema que se presentan en todos los departamentos del país; por lo tanto, urge más apoyo de la comunidad internacional.
Daños
En Santa Cruz son 7 millones de hectáreas que han sido devastadas, según el coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) Johnny Rojas. Esta cifra supera los 5,3 millones de hectáreas consumidas a nivel nacional en 2019, el año con más afectaciones por el fuego hasta ahora.
Vargas destacó el trabajo de los voluntarios y bomberos que llegaron de países vecinos, pero recordó que los mismos brigadistas expresaron su impotencia para apagar los incendios por su gran magnitud. “Debemos recibir mayor cooperación internacional porque se trata de un daño irreversible al ecosistema y a los pueblos indígenas que son los más afectados”, sostuvo.
Mencionó que en Santa Cruz y Beni hay nueve territorios afectados por el fuego; perdieron el 50 y 20 por ciento de su territorio, respectivamente. “Hubo comunidades donde las clases fueron irregulares durante tres meses por la humareda, las familias fueron expulsadas de sus comunidades y todo eso demanda mayor atención”, explicó.
