Bolivia ocupa el puesto 165 de 169 países evaluados en el Índice de Libertad Económica 2024, según el informe más reciente de la Heritage Foundation. Con un puntaje de 43.5 sobre 100, Bolivia no sólo está muy por debajo del promedio mundial y regional, sino que también se sitúa en el antepenúltimo lugar en la región de las Américas, sólo superando a Venezuela y Cuba.
A pesar de haber incrementado su calificación en 0,1 puntos respecto al año anterior, la mejora es apenas perceptible y refleja una situación crítica en varios aspectos fundamentales de la libertad económica. Según el presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, esta puntuación evidencia graves problemas en áreas como derechos de propiedad, integridad gubernamental, eficacia judicial, carga impositiva y gasto gubernamental.
El informe destaca que los fundamentos de la libertad económica en Bolivia están gravemente obstaculizados por problemas estructurales e institucionales. El sistema judicial es vulnerable a la interferencia política, la corrupción es prevalente y el Estado de derecho es débil. Estos factores crean un entorno económico donde la presencia del Estado en la actividad económica es cada vez mayor, alejando aún más al país de una economía de libre mercado. Además, la libertad empresarial en Bolivia permanece en un nivel bajo, con un código laboral desactualizado y oneroso que impide el crecimiento y la innovación.
El Gobierno boliviano —refiere el documento— también mantiene estrictos controles de precios sobre productos básicos como el azúcar, el maíz y el pan, lo que limita la competitividad y la eficiencia del mercado. Estas intervenciones estatales son vistas como obstáculos significativos para el desarrollo económico y la prosperidad.
