La ONG Human Rights Watch (HRW) advirtió este lunes que la reciente decisión del Congreso de Perú de remover "arbitrariamente" a dos de los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), "pone en jaque la independencia judicial y el sistema democrático" de ese país.
A través de un comunicado titulado "Perú: El Congreso avasalla el Estado de derecho", HRW considera que la inhabilitación de los magistrados ejecutada por el parlamento peruano también "atenta gravemente contra la independencia judicial, el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos".
Además, considera que la remoción de los miembros de la JNJ, ejecutada el pasado 7 de marzo, "abre la puerta a la influencia política en el sistema de justicia y electoral y pone en peligro el derecho al voto", debido a que el ente judicial "nombra y sanciona a jueces y fiscales, así como a las autoridades de las entidades que organizan las elecciones y tienen a su cargo el registro electoral".
La directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, agregó que con esta última acción, el Congreso peruano "ha debilitado gravemente a uno de los últimos organismos independientes en pie que podría servir de contrapeso frente a sus prácticas abusivas".
La ONG resaltó que las acciones del Congreso para destituir a los miembros de la JNJ, pese a que sus mandatos culminan en enero de 2025, se aceleraron en noviembre de 2023, cuando fiscales anticorrupción señalaron a la entonces fiscal general, Patricia Benavides, de cerrar investigaciones contra congresistas para influir en las decisiones del parlamento.
Para HRW, el Congreso peruano "ha liderado una grave erosión de la independencia judicial y del Estado de derecho". Por ejemplo, refiere que en 2022 ejecutó un proceso "que careció de transparencia y criterios claros" para nombrar a seis magistrados del Tribunal Constitucional.
Desde entonces, ese tribunal ha tomado "decisiones cuestionables, incluyendo liberar de prisión al expresidente Alberto Fujimori, en violación de las órdenes emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos", añadió la ONG.
De igual forma, los congresistas nombraron "un defensor del pueblo sin experiencia en derechos humanos" quien, además, "presidirá la comisión especial encargada de designar a los miembros de la JNJ para el periodo 2025-2030, e inhabilitó, sin fundamento alguno, a una fiscal suprema".
Igualmente, un grupo de congresistas, adelanta una polémica propuesta "para remover al presidente del Jurado Nacional de Elecciones" y declarar en emergencia" la Fiscalía, cuestión que de ser aprobada expulsaría al actual fiscal general interino, Juan Villena.
Además, el Congreso ha cambiado a su favor varias normas constitucionales, como permitir la reelección de los actuales parlamentarios, lo que había estado prohibido por un referéndum en 2018. También limitó los poderes del Presidente de la República para disolver el Congreso, mientras que sí mantuvo la capacidad de los congresistas para remover al jefe de Estado.
Por estas razones, HRW considera que la Organización de los Estados Americanos (OEA) debe convocar su Consejo Permanente "para abordar los continuos ataques a la independencia judicial" en Perú, entre otras acciones que "alteran" el orden constitucional y afectan "gravemente" la democracia.
