Editorial

Con el avance de los trabajos de construcción de su Línea Amarilla, el Tren Metropolitana de Cochabamba está en vías de consolidarse como una opción conveniente para el transporte de pasajeros.

Tuvieron que vencerse muchas peripecias, todas resultantes de la oposición ciudadana, antes de que se defina el trazo de esa línea y se inicie su implementación, aunque con un alcance distinto del que tenía al principio pues no llegará hasta Sacaba.

Los perjuicios ocasionados en estas más de tres semanas de bloqueos de carreteras y actos de violencia ejecutados por organizaciones afines al ala evista del Movimiento al Socialismo (MAS) no solo agravan la situación económica que atravesamos.

Aunque los bolivianos vivimos la evolución de una crisis política que agrava la situación económica y no parece tener perspectivas de un desenlace rápido, el mundo está pendiente de la jornada final de las elecciones en EEUU, cuyo resultado es tan incierto como trascendental.

Así lo muestra la prensa internacional, reflejando el final de varios meses de una campaña electoral atípica, marcada por la desinformación, la agresividad del expresidente candidato y la división del electorado.

En Bolivia, como en otros países de fuerte tradición católica, la doble identidad que con los años ha ido adquiriendo la fiesta de Todos los Santos o Halloween, según la versión con la que uno se sienta más identificado o menos indiferente, llega acompañada de una polémica sobre la que vale la pena reflexionar.

La acción policial-militar que el viernes recién pasado desbloqueó la vía fundamental que une Cochabamba con el occidente del país tendría que ser el principio del fin de la escalada de agresiones perpetradas por la facción del Movimiento al Socialismo (MAS) leal al expresidente Morales, cuyas consecuencias se traducen en perjuicios que afectan a toda la ciudadanía, agravando la situación de la economía nacional.

La situación en el trópico de Cochabamba (Chapare) desafía cualquier noción de Estado de derecho y constitucionalidad en Bolivia. Los eventos recientes, en que cocaleros de las Seis Federaciones del Trópico han asumido el control, expulsando a la Policía y al Ejército, exhiben el creciente poder de una facción que ha convertido la región en su propio feudo.

Las recientes agresiones contra periodistas en Bolivia, en las localidades de Parotani, Bulo Bulo y Mairana, exigen nuestra más rotunda condena. Los bloqueadores afines al expresidente Evo Morales han traspasado límites inadmisibles, llegando al extremo de retener a reporteros, golpearlos y hasta amenazar con quemarlos vivos. Estos actos son una violación no sólo a los derechos de los periodistas, sino de toda la ciudadanía a ser informada de manera imparcial y veraz.

Hace sólo un par de días, desde este mismo espacio editorial censurábamos el desborde de violencia de los bloqueadores, quienes durante las jornadas de fin de semana habían atacado a periodistas, personal de salud y ambulancias, e incluso a un policía, quien casi perdió el pie en una explosión. La violencia, sin embargo, lejos de amainarse, parece haberse potenciado con nuevos y lamentables sucesos.

El país acaba de atravesar la peor temporada de incendios forestales de su historia reciente. Un total de más de 10 millones de hectáreas fueron consumidas por el fuego en los departamentos de Santa Cruz y Beni, superando en escala y destrucción a la catástrofe de 2019, cuando las llamas arrasaron 6 millones de hectáreas.

Los bloqueos que cumplieron dos semanas en las carreteras de Cochabamba, Oruro y La Paz han sobrepasado límites que toda protesta debe respetar. Lo que comenzó como una manifestación se ha transformado en una serie de agresiones contra quienes nada tienen que ver con el conflicto: médicos, periodistas e incluso pasajeros de a pie que sólo buscan cruzar las barricadas.

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