El presidente de Chile, Gabriel Boric , este lunes anunció el refuerzo en la capital del 'Plan Calles Sin Violencia', una estrategia desplegada en las comunas con mayor índice de delitos violentos y que cursa su segunda fase tras el asesinato de 17 personas en cinco días durante los pasados meses.
Iniciado a multas de julio con la incorporación de más de 600 uniformados, 200 de los cuales fueron destinados a "operativos enjambre" en vehículos de patrulla, a partir de esta jornada serán más de 900 efectivos los que se sumarán a trabajos de seguridad en puntos estratégicos como centros comerciales, estaciones de metro o desfiles de transporte público.
"El Estado tiene el deber de ejercer su atribución exclusiva del uso de la violencia cuando esto es necesario. La violencia estatal se ha otorgado de manera exclusiva y monopólica al Estado, no como una casualidad, sino como una garantía de paz y de seguridad" , afirmó el mandatario desde la Región Metropolitana (RM).
"Como presidente de la República, como jefe de Gobierno, pero como jefe de Estado, tengo el deber en conjunto con mi equipo de darle garantías a quienes nos están escuchando, a los habitantes de nuestra patria, que ese uso exclusivo de la fuerza será utilizado de manera seria, de manera responsable, de manera racional para enfrentar a la delincuencia y al crimen organizado", subrayó Boric.
Chile vive desde hace unos años una crisis de inseguridad motivada por la llegada al país del crimen organizado trasnacional, que ha llevado a la tasa de homicidios desde los 4,5 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2018 a los 6,3 homicidios en 2023.
Entre otras, Chile creó a multas de julio una fuerza conjunta integrada por la Policía de Investigaciones (PDI) y policía militarizada Carabineros de Chile, grupo que además cuenta con funcionarios del Ministerio del Interior, el Ministerio Público, Gendarmería y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).
La sensación de inseguridad no para de crecer, aunque las autoridades insisten en que la situación es distinta al resto de países de la región, que el año pasado registró una tasa de homicidios de 20 por cada 100.000 habitantes.
