Un grupo de 45 países miembros de la ONU pidió ayer ante el Consejo de Derechos Humanos que Venezuela “ponga fin a la ola de represión contra opositores políticos y manifestantes que se está intensificando en todo el país”, y libere de forma incondicional e inmediata a los detenidos arbitrariamente.
Los firmantes de la declaración, que fue leída ante el Consejo de Naciones Unidas por la ministra de Relaciones Exteriores argentina Diana Mondino, también pidieron a las autoridades venezolanas que respeten sin restricciones “las normas internacionales sobre el debido proceso y las condiciones de detención”.
Entre los Estados que apoyan la declaración se encuentran naciones latinoamericanas como Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay, junto a Estados miembros de la UE como España, Portugal, Italia, Francia o Alemania, así como Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Japón o Canadá.
Mondino señaló ante el Consejo que los países firmantes desean transmitir su profunda preocupación por la crisis estructural de derechos humanos que atraviesa Venezuela, acentuada este año en el marco del proceso electoral.
En las semanas posteriores a las elecciones del 28 de julio la situación ha empeorado con “detenciones arbitrarias de figuras de la oposición, periodistas y manifestantes, incluyendo niños, adolescentes, mujeres y personas con discapacidad”, indicó la declaración.
También hubo un uso desproporcionado de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad pero también por grupos de civiles armados conocidos como “colectivos”, así como otros abusos que incluyen “la persecución judicial iniciada por el Estado venezolano contra el candidato presidencial Edmundo González”, exiliado en España.
“Bajo la excusa de la incitación al odio o bajo la legislación antiterrorista, se persigue, detiene y priva de libertad a personas que buscan ejercer sus derechos políticos y su legítimo derecho a la protesta pacífica”, señaló la declaración.
Ésta también lamentó la decisión de las autoridades venezolanas de suspender la cooperación con la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos (lo que tuvo como efecto la expulsión del país de sus trabajadores en Venezuela el pasado mes de febrero) y reclamó que se reanude esta relación.
Entre tanto, la hija de Edmundo González Urruti acudió ayer al Congreso de los Diputados de España, donde se debatió el reconocimiento de su padre como presidente electo de Venezuela. Carolina González subió a la tribuna de invitados de la Cámara Baja española junto a Antonio Ledezma y Leopoldo López, dos líderes opositores que están asilados en España, un asilo político que también ha solicitado González Urrutia, que salió de Venezuela el pasado domingo.
La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo destacó la presencia de los opositores venezolanos en la tribuna, les trasladó su afecto y apoyo y habló de González Urrutia como del “presidente electo de Venezuela por inviolable mandato de las urnas”.
España reconocerá a González Urrutia
El Congreso español reconocerá previsiblemente hoy a Edmundo González como legítimo presidente de Venezuela con la aprobación de una propuesta del Partido Popular (derecha) apoyada por aliados del Gobierno socialista, que se quedará en minoría.
La crisis de Venezuela se ha debatido ayer en el Parlamento español como si de un tema de política interna se tratara, y ha agudizado la confrontación entre la izquierda en la derecha y las diferencias en el bloque que sustenta al Gobierno del socialista Pedro Sánchez.
