Personas que forman parte de la marcha de Evo Morales retuvieron con violencia y arrebataron sus equipos de trabajo a los periodistas del canal estatal Bolivia Tv asignados a la cobertura de la marcha evista en la ruta Oruro-La Paz.
"Periodistas de Bolivia Tv fueron retenidos ilegalmente, por más de una hora, y han sufrido el robo de equipos mientras realizaban la cobertura de la marcha convocada por Evo Morales, en la localidad de Patacamaya", denunció la casa televisiva en un comunicado.
El canal estatal repudió esta vulneración a los "tratados internacionales de derechos humanos" y demandó el pronunciamiento de las instituciones ligadas al periodismo y a la defensa de la libertad de prensa y expresión.
Además, anunció que presentará las acciones legales correspondientes y solicitó al Ministerio Público "actuar con celeridad" en virtud a la "gravedad de los hechos" registrados en esta tercera jornada de la marcha que busca forzar una nueva candidatura del expresidente Morales.
En un comunicado, la Defensoría del Pueblo condenó enérgicamente los actos de violencia perpetrados por grupos movilizados contra los "tres trabajadores de la prensa de Bolivia Tv durante la presente jornada que relatan haber sufrido la obstaculización de su trabajo de prensa, así como agresiones físicas y psicológicas".
Invocó a los sectores movilizados y a la ciudadanía en general a coadyuvar y respetar el ejercicio periodístico.
Además de instar a las y los periodistas y trabajadores de la prensa a denunciar cualquier forma de violencia para que los "perpetradores no queden impunes", la Defensoría del Pueblo exhortó a los medios de comunicación y empleadores a otorgar "a los trabajadores de la prensa las condiciones de trabajo adecuadas para precautelar su integridad en coberturas de situaciones de conflictividad a fin de garantizar el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información, esenciales para la convivencia pacífica y el fortalecimiento democrático".
Esta nueva agresión en la marcha del expresidente se suma a las registradas el pasado 17 de septiembre contra tres periodistas de Cadena A (Oruro), SEO TV y Wara Tv mientras realizaban la cobertura informativa del recorrido de la protesta que inició en Caracollo, Oruro, y que prevé llegar el lunes a la ciudad de La Paz.
Mas allá de su impacto mediático, el caso Pelicot —cuyo juicio concluyó ayer en Aviñón, Francia, con sentencias de prisión para los 51 condenados por violación a la esposa de uno de ellos— motiva reflexiones acerca de este tipo de sucesos y la manera como la sociedad los percibe.
El pasado 16 de octubre, las salas Constitucionales de Beni y Pando, compuestas cada una por dos individuos desconocidos y designados discrecionalmente, emitieron resoluciones que ordenaban paralizar el proceso de elecciones judiciales previsto en la Constitución, sustentado por una ley, validado por el Órgano Electoral y antecedido por una preselección realizada en la Asamblea Legislativa.
El pasado 16 de octubre, las salas Constitucionales de Beni y Pando, compuestas cada una por dos individuos desconocidos y designados discrecionalmente, emitieron resoluciones que ordenaban paralizar el proceso de elecciones judiciales previsto en la Constitución, sustentado por una ley, validado por el Órgano Electoral y antecedido por una preselección realizada en la Asamblea Legislativa.
La economía boliviana atraviesa una crisis que refleja las consecuencias de decisiones gubernamentales mal planteadas. El déficit fiscal, la inflación en la canasta básica, la escasez de combustibles y de dólares son síntomas de un modelo económico que prioriza el control estatal y el gasto público desmedido, sin preocuparse por la sostenibilidad a largo plazo. Pero, como bien se dice: lo que inicia mal, termina mal. Y este final está impactando directamente en los bolsillos de los bolivianos.
La economía boliviana atraviesa una crisis que refleja las consecuencias de decisiones gubernamentales mal planteadas. El déficit fiscal, la inflación en la canasta básica, la escasez de combustibles y de dólares son síntomas de un modelo económico que prioriza el control estatal y el gasto público desmedido, sin preocuparse por la sostenibilidad a largo plazo. Pero, como bien se dice: lo que inicia mal, termina mal. Y este final está impactando directamente en los bolsillos de los bolivianos.
A propósito del pasado 11 de octubre, Día Nacional de la Mujer Boliviana, cada año diversas instituciones, tanto estatales como no estatales, reflexionan sobre las cifras de violencia y las persistentes brechas de género. Sin embargo, en el contexto social y político actual, es imprescindible enfocarnos en el papel que juegan las mujeres en la administración pública y la política partidaria.
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RÓGER CORTEZ HURTADO
El pliego reivindicativo de los bloqueos de ruta iniciado la segunda semana de octubre puede resumirse en tres demandas: subordinación general al jefe del MAS, fuego forestal ilimitado y garantías plenas de impunidad.
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