El Gobierno de Javier Milei resolvió ayer que el cine producido en Argentina para plataformas digitales sólo recibirá subsidios estatales si logra tener al menos 10 mil espectadores.
Mediante un decreto de la Presidencia argentina, publicado ayer en el Boletín Oficial, el Ejecutivo prohibió que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) otorgue subsidios por adelantado y sin contraprestación a productores de películas no exhibidas en salas, sino a través de plataformas digitales de “streaming”.
A partir de ahora, en vez de ayudas anticipadas, el Incaa dará a los productores créditos y, si una vez estrenada, la película logra un mínimo de espectadores, obtendrán un subsidio estatal con el que podrán cancelar parte del préstamo.
En el caso de películas emitidas por “streaming”, deberán acreditar al menos 10 mil reproducciones en las plataformas para acceder a un subsidio. En lo que va de año se estrenaron 40 películas financiadas por el Incaa que tuvieron menos de 1.000 espectadores.
El reciente caso de violación sufrido por una niña de 10 años, a manos de su hermano de 15, sumado a otros en los que es patente la soledad de las involucradas propicia una reflexión acerca de las circunstancias intrafamiliares que suscitan esos dramas.
RÓGER CORTEZ HURTADO
El pliego reivindicativo de los bloqueos de ruta iniciado la segunda semana de octubre puede resumirse en tres demandas: subordinación general al jefe del MAS, fuego forestal ilimitado y garantías plenas de impunidad.
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CARLOS HUGO MOLINA
Se trata de una convicción que nace de la evidencia. Recorriendo el territorio, conversando con su gente, admirando las potencialidades de nuestra cultura, historia y geografía, la suma de todo ello tiene un valor sencillamente explosivo. Al mismo tiempo, los titulares de los medios pareciera que quieren hacernos renunciar por la indolencia que se revuelca en la bazofia del bloqueo.
¿Cómo podemos hacer que gane la racionalidad?
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No es fácil pronosticar cuáles pueden ser los desenlaces posibles de la crisis social que tiene paralizados a los departamentos más poblados del país. La pulseta entre un líder que quiere evadir la justicia y un presidente hasta ahora incapaz de disponer su detención amenaza con convertirse en un conflicto determinante para el futuro –si lo tiene– del gobierno.
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El contrabando de oro hacia Perú y Brasil se ha convertido en un problema estructural en Bolivia. Se estima que entre 20 y 30 toneladas de oro boliviano salen del país ilegalmente cada año, lo que afecta gravemente a la economía nacional. El valor de este contrabando podría superar los $us 1.500 millones con 20 toneladas, y llegar hasta los $us 2.500 millones anuales si alcanza las 30 toneladas, como ocurre en 2024.
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