Desde el 13 de noviembre, el Decreto Supremo 5271 autoriza la importación y comercialización de combustibles por parte de empresas privadas en Bolivia. Esta medida, aprobada por el Gobierno, marca un giro en el sector hidrocarburífero, al permitir que los combustibles importados ingresen sin el respaldo de subsidios estatales, una estrategia que busca aliviar el gasto público y mejorar el abastecimiento en sectores productivos que enfrentan dificultades para obtener gasolina y diésel.
El director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez, explicó que el Decreto 5271 facilita el ingreso de privados al mercado mediante normativas simplificadas y un proceso de autorización ágil. Esta disposición complementa al Decreto 5218 de 2024, que ya había reducido los requisitos y tiempos para la aprobación, acortando trámites que solían extenderse hasta un año. “Hoy, las autorizaciones pueden gestionarse en menos de cinco días, con la presentación de 21 documentos, lo cual representa un avance respecto a normativas anteriores”, destacó Jiménez en entrevista con Unitel.
Precios y calidad
En cuanto a precios y estándares de calidad, la ANH supervisará que los combustibles importados cumplan con las normas establecidas en el Decreto Supremo 4718. Además, el Ministerio de Hidrocarburos y Energías emitirá, en los próximos días, una metodología específica para regular los precios de venta.
Las estaciones de servicio, señaló Jiménez, deberán optar entre comercializar combustible subvencionado por el Estado o el importado, sin la posibilidad de ofrecer ambos productos de manera simultánea.
Impacto económico
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, señaló que esta medida permitirá liberar recursos en dólares que antes se destinaban a la subvención de combustibles. Sin embargo, el ahorro dependerá del capital que los empresarios decidan invertir en importaciones de gasolina y diésel. “El ahorro en subsidios estará en función de cuánto destine el sector privado a la importación”, indicó el ministro.
Montenegro enfatizó que el objetivo del gobierno es redirigir estos recursos hacia proyectos de inversión pública, sin afectar la producción nacional de hidrocarburos, que continúa protegida constitucionalmente.
Oportunidades y desafíos
Para el sector empresarial, la medida representa una oportunidad para reducir las filas y los problemas de abastecimiento que afectan a distintos sectores. Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), afirmó que el Decreto Supremo 5271 responde a una demanda de los sectores productivo, comercial y de servicios. No obstante, advirtió que el éxito de la medida depende de que se eliminen barreras burocráticas y fiscales que podrían frenar la importación privada. “Es fundamental que esta flexibilización sea operativa y que los trámites o impuestos no encarezcan el combustible importado”, comentó Rodríguez.
También mencionó la coexistencia de tres mercados de combustibles: el regulado, el de libre importación y el mercado negro. “La especulación en el mercado negro sigue siendo un problema que impacta la economía y debe ser atendido para asegurar la estabilidad de precios”, añadió. Además, sugirió una colaboración estrecha entre el Ministerio de Hidrocarburos y Energías y la ANH para minimizar el impacto del mercado informal en los consumidores y en la competitividad de los sectores productivos.
Propuestas del IBCE
Para potenciar el desarrollo energético en Bolivia, Rodríguez presentó varias propuestas:
1. Simplificación de la importación privada: Reducir trámites burocráticos y eliminar impuestos adicionales para disminuir el costo del combustible importado.
2. Impulso a los biocombustibles: Incentivar la producción de diésel y otros combustibles a partir de desechos plásticos y biocombustibles.
3. Promoción de la biotecnología: Apoyar la biotecnología en el sector agrícola y facilitar las exportaciones, especialmente ante el aumento en el costo de los combustibles.
4. Incentivos a la exploración energética: Crear políticas de incentivo para la exploración de nuevos yacimientos en el país, con el objetivo de alcanzar una mayor autosuficiencia energética.
Estas iniciativas, según Rodríguez, fortalecerían la estabilidad económica y energética de Bolivia, reduciendo la dependencia de las importaciones de combustibles.