Ante la amenaza creciente de bloqueo de carreteras y otras medidas de presión por distintas demandas sociales, como la falta de combustible en los estacionamientos de servicio que obligó a decenas de personas a hacer filas por horas, el presidente Luis Arce anunció el despliegue de militares para custodiar, por un lado, la venta de gasolina y diésel y, por otro, el resguardo en la frontera para evitar la salida de productos de la canasta familiar a los países vecinos, afectando la seguridad alimentaria en el territorio nacional.
Con relación al combustible, algunos aplaudieron al ver uniformados en los surtidores porque su sola presencia daba cierta certidumbre de que algunos “malos” conductores no se atreverían a cargar decenas de litros en tanques modificados para desviarlos al narcotráfico o a la reventa, mientras que otros cuestionaron la decisión asegurando que eso no resolvería la escasez de los carburantes.
El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, defendió la medida y explicó que se trata de un plan impulsado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), las Fuerzas Armadas (FFAA) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con el fin de garantizar un “control eficaz” en la venta de combustible. Además, dijo que los uniformados sólo abarcan el 70 por ciento de las estaciones de servicio, pero al mismo tiempo admitió que se tomó esta decisión porque los controles a través del B-Sisa no estaban funcionando al 100 por ciento.
“Hemos visto que el B-Sisa no es suficiente (...), por eso estamos realizando un control objetivo con los militares”, señaló Novillo. Sin embargo, esta falla ya fue alertada hace semanas por la asociación de surtidores porque “cualquier operador puede digitar la placa que se requiera”.
Hace más de un mes, la gerente general de la Asociación de Surtidores de Santa Cruz (Asosur), Susy Dorado, dijo que su sector se sentía en completa indefensión porque no podía controlar día a día y tener una persona tras los operadores para supervisar la venta; ante esta situación, pidieron una solución a la ANH, pero la respuesta fue el despliegue de militares.
Pese a la fuerte inversión por parte del Estado y de las mismas estaciones, la tecnología del B-Sisa no está funcionando como debería y los contrabandistas de diésel y gasolina lo saben. Prueba de ello es que constantemente se hallan depósitos clandestinos de combustibles o cisternas interceptadas infraganti desviando el combustible.
El Estado deberá diseñar un plan más estricto y a largo plazo que apunte a acabar con el desvío de carburantes que está afectando la economía del país y a cada uno de los bolivianos. En tanto, la amenaza de bloqueos sigue latente por parte de sectores que desean reunirse “sí o sí” con el presidente Arce.
