El Gobierno nacional convocó a una reunión técnica este martes para verificar la disponibilidad y distribución de aceite comestible, en respuesta al reciente aumento de precios de este producto esencial para la canasta familiar. Las industrias oleaginosas aseguran que la producción es suficiente para cubrir la demanda interna, pero las autoridades buscan confirmar esta información.
El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, informó sobre la reunión durante una conferencia de prensa. Según explicó, el encuentro incluirá inspecciones a las industrias para constatar los datos presentados y un análisis detallado de la cadena de distribución y comercialización.
De acuerdo con las cifras proporcionadas por las industrias, la oferta total de aceite comestible para 2023 alcanza las 457.292 toneladas. Esta cantidad incluye 400.204 toneladas producidas hasta el 15 de noviembre y un stock adicional de 57.088 toneladas proyectado para el cierre del año.
En términos de distribución, 328.609 toneladas fueron destinadas a la exportación y 75.992 toneladas al mercado interno, cuya demanda anual es de 88.936 toneladas. Según Huanca, la diferencia de 12.944 toneladas para cubrir el consumo interno está garantizada con los inventarios actuales, y se estima que al finalizar 2023 habrá un saldo positivo de 39.747 toneladas.
Pese a estas cifras, los consumidores han reportado incrementos en los precios. Las industrias habían acordado un precio máximo de 11 bolivianos por botella de 900 mililitros y 10 bolivianos por litro a granel. Sin embargo, los precios en los puntos de venta alcanzan hasta 14 bolivianos por litro, mientras que el bidón de cinco litros se comercializa en 71,67 bolivianos.
El Ministro atribuyó el encarecimiento a bloqueos de caminos recientes y confía en que la normalización del transporte estabilizará los costos. “Si las industrias cumplen con los precios acordados, los intermediarios deben ajustar sus márgenes para garantizar un acceso justo a las familias bolivianas”, subrayó.
Durante la reunión, se evaluarán los precios en cada etapa de la cadena de distribución, y se intensificarán los controles para combatir el contrabando inverso y garantizar el cumplimiento de precios justos.
