Editorial

La situación en el trópico de Cochabamba (Chapare) desafía cualquier noción de Estado de derecho y constitucionalidad en Bolivia. Los eventos recientes, en que cocaleros de las Seis Federaciones del Trópico han asumido el control, expulsando a la Policía y al Ejército, exhiben el creciente poder de una facción que ha convertido la región en su propio feudo.

Las recientes agresiones contra periodistas en Bolivia, en las localidades de Parotani, Bulo Bulo y Mairana, exigen nuestra más rotunda condena. Los bloqueadores afines al expresidente Evo Morales han traspasado límites inadmisibles, llegando al extremo de retener a reporteros, golpearlos y hasta amenazar con quemarlos vivos. Estos actos son una violación no sólo a los derechos de los periodistas, sino de toda la ciudadanía a ser informada de manera imparcial y veraz.

Hace sólo un par de días, desde este mismo espacio editorial censurábamos el desborde de violencia de los bloqueadores, quienes durante las jornadas de fin de semana habían atacado a periodistas, personal de salud y ambulancias, e incluso a un policía, quien casi perdió el pie en una explosión. La violencia, sin embargo, lejos de amainarse, parece haberse potenciado con nuevos y lamentables sucesos.

El país acaba de atravesar la peor temporada de incendios forestales de su historia reciente. Un total de más de 10 millones de hectáreas fueron consumidas por el fuego en los departamentos de Santa Cruz y Beni, superando en escala y destrucción a la catástrofe de 2019, cuando las llamas arrasaron 6 millones de hectáreas.

Los bloqueos que cumplieron dos semanas en las carreteras de Cochabamba, Oruro y La Paz han sobrepasado límites que toda protesta debe respetar. Lo que comenzó como una manifestación se ha transformado en una serie de agresiones contra quienes nada tienen que ver con el conflicto: médicos, periodistas e incluso pasajeros de a pie que sólo buscan cruzar las barricadas.

Pasaron dos semanas de bloqueos intensos en Bolivia, que han dejado una profunda cicatriz en la vida cotidiana y en el aparato económico del país. Las cifras, que superan los 1.200 millones de dólares en pérdidas (cálculos del Gobierno), han castigado sobre todo a los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, y con ellos a miles de familias que ven reducidas sus arcas con la inflación de los productos de la canasta básica.

El reciente ingreso de Bolivia como país socio en el bloque de economías emergentes BRICS representa un hito trascendental para su proyección internacional y su desarrollo económico. La confirmación del presidente Luis Arce deja entrever las aspiraciones bolivianas de integrarse en un entorno que promueve la multipolaridad, el desarrollo compartido y el multilateralismo.

La situación en Cochabamba ha llegado a un punto crítico. Tras más de 10 días de un persistente bloqueo, el departamento, que ha sido históricamente el corazón productivo de Bolivia, se encuentra aislado, con pérdidas económicas alarmantes y una creciente sensación de impotencia entre sus habitantes y sectores productivos.

La reciente conclusión de funciones de Juan Lanchipa en la Fiscalía General del Estado y la toma de posesión de Roger Mariaca representan un hito para el sistema de justicia en Bolivia. Este relevo, que finalmente se concretó a pesar de las divisiones políticas que hacían presagiar un paso algo más traumático, ha generado expectativas y, al mismo tiempo, grandes desafíos. 

Mientras los bloqueos sacuden al país y los incendios diezman millones de hectáreas en el territorio nacional, una noticia pasa casi desapercibida: un taxi, aparentemente sin prestar atención a las múltiples señales de advertencia, invadió este sábado la plataforma ferroviaria y chocó contra uno de los vagones del Tren Metropolitano, sin mayores consecuencias más que los daños materiales en ambos vehículos.

Actualidad
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Deportes
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