¿Sabía que cerca del 85% de todo lo que importa el país son suministros industriales, combustibles, bienes de capital y equipos de transporte? Bolivia gastó el pasado año casi 10.000 millones de dólares en estos cuatro rubros, destacando el diésel y la gasolina como los dos productos principales por casi 30%.
El combustible es vital para el transporte público y privado de las personas y de la carga nacional e internacional, para los sectores minero, agropecuario, industrial e hidrocarburífero, en fin, para todas las facetas de la economía y la cotidianidad de la vida.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en la gestión 2022 nuestro país importó combustibles por casi 3.000 millones de dólares: 2.110 millones en diésel y 881 millones en gasolina; en tanto que, en lo que va del año, de enero a septiembre, sumó 1.335 millones en diésel y 724 millones en gasolina, totalizando 2.059 millones, lo que da cuenta del gran espacio que existe para la sustitución competitiva de importaciones con producción nacional, algo en lo que desde 2008, el Instituto Boliviano de Comercios Exterior (IBCE) y la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) han venido insistiendo para beneficio del país.
En Bolivia, es el Estado —a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)— quien tiene el control de la comercialización de los hidrocarburos. En ese marco, desde 2018 se ha venido ejecutando el Programa Etanol, a través de una simbiosis público-privada por la que el sector productor de caña de azúcar y la industria sucroalcoholera invirtieron para producir etanol a ser usado como como aditivo para mejorar el octanaje de la gasolina importada.
Gracias a tan virtuoso programa, más de 500 millones de litros de etanol fueron producidos y entregados a YPFB por el sector sucroalcoholero boliviano durante los últimos cinco años, aportando con ello a la seguridad y soberanía energéticas del país, evitando al mismo tiempo que más de 400 millones de dólares se vayan a productores de combustibles fósiles en el extranjero, al mismo tiempo que se ayuda a la preservación del medio ambiente, se genera empleos de calidad, impuestos y se contribuye a la reactivación económica, entre otros beneficios.
Es cierto que, al momento de negociar un nuevo contrato en las últimas semanas, surgieron diferencias entre las partes que parecían irreconciliables, a la hora de hablar del precio del etanol para el contrato a regir desde 2024, llegándose a hablar de un posible tractorazo, pero, gracias a Dios primó la buena voluntad de los actores y se pudo llegar a un feliz término.
En efecto, la noche del 12 de diciembre de 2023, el Gobierno y los representantes de los cañeros e ingenios arribaron a un acuerdo para la venta de etanol a YPFB por tres años adicionales, pasando el precio del litro del etanol a Bs 4,94 con lo que los productores lograron un pequeño ajuste al precio anterior de Bs 4,80 además de otros compromisos para mejorar el desarrollo del sector.
El Gobierno justificó el leve aumento del precio en función de los efectos derivados de la sustitución de la importación de gasolina fósil, entre ellos, la inversión y producción de etanol en Bolivia, los efectos multiplicadores a partir del agro y la industria, la generación de empleo, impuestos y el ahorro de divisas.
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, que jugó un papel decisivo para lograr el arreglo con los productores, destacó en conferencia de prensa que el mismo beneficia a miles de productores de un sector importante que genera numerosas fuentes de empleo, constituyendo un considerable aporte a la economía del país, de ahí que YPFB podrá comprar más de 200 millones de litros/año de etanol, lo que permitirá desarrollar políticas hacia el incremento de su consumo y la masificación del uso del aditivo en las gasolinas.
Oscar Arnez, presidente de la Comisión Nacional de Productores Cañeros de Bolivia (Concabol), dijo que, si bien no estaban contentos, les satisfacía saber que el acuerdo permitirá mejores condiciones al sector, no solo con la leve mejora del precio, sino, por las promesas del ministro Molina que, estaban seguros, se cumplirán, por ejemplo, para la compra de urea, financiamiento y otros.
Para el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, lo convenido con los productores de caña y etanol afianza la política nacional de sustitución de importaciones que lleva adelante el Gobierno, con la previsible intensificación del uso de un aditivo clave, como el etanol, para mezclarlo con la gasolina.
Con la Ley 1098 del 15 de septiembre de 2018, se inició en Bolivia la producción y venta de etanol (alcohol anhidro, deshidratado), un aditivo de origen vegetal concebido para la sustitución progresiva de la importación de gasolina fósil por un “combustible verde”, hacia una transición energética con combustibles menos contaminantes y más amigables con el medio ambiente.
Felicidades a todos los actores de este nuevo acuerdo por demostrar que, cuando existe voluntad, respeto y confianza mutua, un trabajo sinérgico público-privado, en pro del desarrollo… ¡es posible!
El autor es economista, magíster en comercio internacional y gerente del IBCE
