La teoría económica ortodoxa sostiene que el capital humano —entendido como el conjunto de habilidades, aptitudes, experiencias y conocimientos de cada trabajador para incrementar la producción de bienes y servicios— es fundamental para el desarrollo de un país. Dado que la riqueza de los países está directamente relacionada con el capital intelectual de sus ciudadanos, podríamos preguntarnos: ¿Cómo se encuentran las universidades públicas bolivianas en este sentido? ¿Tienen la capacidad de hacer competitivos a los profesionales que egresan de ellas?
No es un secreto que, en los últimos años, la educación superior en Bolivia enfrenta una crisis preocupante, como lo evidencian casos de corrupción como el del dirigente universitario Max Mendoza, expresidente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB) y los frecuentes videos de situaciones de abuso docente hacia estudiantes viralizados en redes sociales. El último escándalo, expuesto por la activista social María Galindo, revela la ilegalidad de la Universidad Marítima Boliviana. En su radio-documental del 29 de enero de 2024, Galindo expuso que existen estudiantes que han culminado carreras en esta universidad, gastando más de 5.000 dólares sin obtener un título en provisión nacional.
Aunque la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) está catalogada, al menos, entre las cinco mejores universidades del país según distintas listas de clasificación, el nivel educativo de sus docentes es bastante bajo. Las declaraciones del Dr. Francisco Baya, director de la Dirección de Planificación Académica de esta universidad, en la sesión del Honorable Consejo Universitario del 23 de enero de 2024, revelan una realidad preocupante. De los 1.913 docentes de esta institución, el 32,5% tiene maestría (621 docentes) y sólo el 5,6% cuenta con un doctorado (108 docentes).
Es decir, la mayor parte de los profesores en San Simón dictan clases sin tener un posgrado. Esta situación busca ser resuelta por las nuevas disposiciones del último congreso universitario, donde en el nuevo estatuto de la UMSS se exige que los nuevos docentes que vayan a ser contratados tengan como mínimo una maestría.
Datos contenidos en la página web oficial del Banco Mundial muestran que en el año 2020, en Bolivia, el 26,8% de las personas mayores de 25 años tenía una licenciatura, el 1% una maestría y el 0,1% un doctorado. Esta situación contrasta significativamente con la de otros países más desarrollados como Estados Unidos, que en el mismo año tenía un 35% de licenciados, un 14,1% de personas con maestría y un 2,1% con doctorado. Rusia, por su lado, muestra un 41,2% de licenciados, un 18,9% con maestría y un 1,3% de su población mayor a 25 años con doctorado.
La excesiva politización de las universidades públicas, la falta de rendición de cuentas por parte de las universidades públicas bolivianas, las deficiencias en la formación primaria y secundaria fiscal, las limitaciones de infraestructura, tecnología y formación docente, y la falta de actualización de las carreras profundizan esta situación de crisis.
La sociedad y el Estado Plurinacional de Bolivia deben aplicar políticas públicas para revertir estos desafíos en la educación superior boliviana. Es crucial no sólo identificar los problemas, sino también proponer soluciones tangibles para garantizar un futuro educativo más sólido y competitivo. La relación entre ciencia y desarrollo es una realidad que nuestra sociedad no puede ignorar.
