El intento de Evo Morales de utilizar el bloqueo de caminos para presionar a las autoridades judiciales de Bolivia no solo es un abuso de poder, sino un grave insulto a la inteligencia colectiva de todo el país. En lugar de enfrentarse a los cargos que pesan sobre él, recurre a tácticas que secuestran al país en un juego peligroso de manipulación y chantaje.
Es alarmante que el “masismo chapareño” utilice el bloqueo de caminos para obtener impunidad de su máximo líder frente a acusaciones graves, como las de estupro y corrupción de menores. Este intento desesperado de manipular el sistema judicial revela el lado más oscuro del poder, donde el bienestar de la población es utilizado como moneda de cambio. En el fondo, lo que se está viviendo en Bolivia es un secuestro colectivo. El bloqueo de caminos no es sólo una interrupción en la vida diaria, es un mecanismo de control y presión.
El cocalero está usando a sus seguidores para interrumpir la libre circulación, creando caos en las rutas y afectando a miles de personas, todo con el objetivo de que los fiscales y las autoridades judiciales cedan a sus presiones y lo liberen de un juicio que podría costarle su libertad y su futuro político. Lo más grave es que hay evidencias claras de que estos bloqueos no son espontáneos ni genuinos. Desde los chismes de cafetería, pasando por las redes sociales hasta los informes serios sugieren de manera transversal que se está sobornando con dineros oscuros (muy oscuros) a personas para que participen en estas medidas de presión, convirtiendo una protesta en un acto mercenario, despojando de cualquier legitimidad a estas acciones.
Según diversas noticias difundidas en medios de prensa, ya se han hecho desaparecer pruebas clave relacionadas con las acusaciones de estupro contra Evo Morales. Además, varias personas vinculadas a estos delitos también han desaparecido o guardan silencio, una estrategia diseñada claramente para entorpecer la investigación y garantizar la impunidad del cocalero pedófilo. Esta es suficiente evidencia de que el cocalero está muerto de miedo. Él sabe que, si es procesado y hallado culpable, su carrera política estaría acabada. No solo enfrentaría la posibilidad de la cárcel, sino que también sería inhabilitado como candidato, algo que claramente le aterra.
Este temor es el que le lleva a tomar medidas tan desesperadas, utilizando a sus seguidores y los bloqueos como un último recurso para evitar la justicia. Lo peor es que el sistema judicial en Bolivia está sometido a una presión política intensa, lo que complica cualquier intento de procesarlo con imparcialidad. Algunos jueces están bajo la influencia del gobierno actual, que ha acusado a Morales, mientras que otros son leales al cocalero, lo que genera un escenario donde la independencia judicial se ve comprometida. La justicia, cuando está atrapada entre las fuerzas políticas, deja de ser justicia.
Algunos podrían argumentar que la mejor solución es permitir que el cocalero continúe ejerciendo influencia política, tal vez bajo un acuerdo o con la promesa de no procesarlo a cambio de estabilidad social. Sin embargo, este tipo de compromisos son engañosos y peligrosos. Evitar la confrontación con los cocaleros chapareños para preservar una falsa paz es una solución que no resuelve nada. La solución más clara y viable es que Evo Morales se someta a la justicia. Si es inocente, como asegura ser, debería confiar en el sistema judicial para demostrarlo. No hay que olvidar que es el mismo sistema judicial que él ha creado para su propio beneficio, con todas sus aristas corruptas y sus líneas minusválidas. Día a día, su miedo se vuelve más evidente, y sus intentos de evitar el juicio no hacen más que aumentar las sospechas de que tiene algo que esconder y lo peor es que se expondría a la humillación de beber su propio veneno.
Finalmente, la responsabilidad recae en la ciudadanía. Los bloqueos de caminos son un ataque directo a los derechos de todos los bolivianos, y es hora de que la población tome una postura firme en contra de esta manipulación. Los bolivianos merecen vivir en un país donde la justicia no se vea sometida a los caprichos de quienes alguna vez tuvieron poder. La única manera de garantizar esto es mediante la movilización pacífica, exigiendo que Evo Morales sea procesado como cualquier ciudadano. Sólo sometiéndose a un juicio imparcial puede comenzar a reparar el daño que su comportamiento ha causado a la nación.
El autor es abogado
