En las oportunidades pasajeras que estuve en la República de Costa Rica interviniendo en eventos jurídicos, observé algunas singularidades de esa nación que me llamaron la atención y quisiera referirme a tres de ellas.
Costa Rica es un país multiétnico y pluricultural sin necesidad de cacarear o hacer aspaviento por ello.
Una de las características importantes que se le reconoce es la abolición del Ejército ejecutada el 1º de diciembre de 1948, estableciendo al mismo tiempo su “neutralidad perpetua, activa y no armada en los conflictos entre Estados, debiendo resolverse los conflictos no por la fuerza”. La resolución de estos problemas debe efectuarse por la vía diplomática, siendo este su legado al mundo —dicen orgullosamente los costarricenses—. Costa Rica mantiene una serie de tratados y convenios suscritos con Naciones Unidas que le permiten recibir ayuda militar durante una amenaza del exterior. Desde 1948 los recursos que se asignaban al Ejército pasaron a los rubros de la salud y la educación.
Otra característica digna de mención es que desde 1978-1982 está prohibido la inclusión de placas con los nombres del presidente de Costa Rica y de autoridades en lugares de obras públicas, como inauguraciones de puentes, carreteras o edificios. Se justifica esta prohibición señalándose que estas obras se erigen con “el aporte de todo el pueblo de Costa Rica” y que el mandatario como los otros funcionarios son unos costarricenses más sin privilegio alguno, motivo por el que las placas conmemorativas solo llevan la fecha de construcción con la leyenda “Construido por el pueblo de Costa Rica”.
Por otra parte, se prohíbe la exhibición de fotografías del presidente y autoridades en todas las oficinas públicas.
Finalmente, un dato que no es menor: en las universidades se impartía la especialidad de “administración de tribunales”, que es distinta a la administración de justicia. Así como existe administración de empresas el administrar tribunales de justicia requiere de conocimientos especiales que den sustento a la administración de justicia eficiente, de tal forma que no cualquier persona por contar con solo título de abogado puede ser un administrador de tribunales, contribuyéndose así a la eliminación de la improvisación y la mera politización.
Es doloroso aludir estos temas cuando nuestro país se está haciendo pedazos por obra y gracia de los políticos de todos los bandos, ojalá tengamos tiempo para no sucumbir.
