En los últimos 12 meses, Bolivia registró 57.269 solicitudes de reprogramación de deudas bancarias, de las cuales el 28 por ciento no recibió respuesta o fue rechazada en el mismo mes de solicitud, según la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). Este panorama podría mejorar con la reciente aprobación del Decreto Supremo 5241, que facilita el refinanciamiento y la reprogramación de deudas para personas afectadas por la crisis climática y los conflictos sociales.
Hasta agosto de 2024, esas 57.269 reprogramaciones representaron un total de 7.697 millones de bolivianos, lo que marca un aumento significativo en comparación con las 4.442 reprogramaciones registradas hasta septiembre de 2023, por un valor de 624 millones de bolivianos. “Ha habido un incremento considerable tanto en el número de reprogramaciones como en el monto”, señaló Ivette Espinoza, directora ejecutiva de la ASFI, quien atribuyó este crecimiento a las medidas adoptadas para beneficiar a los prestatarios.
El nuevo decreto, anunciado ayer por el presidente Luis Arce, tiene como objetivo proporcionar alivio financiero a los sectores vulnerables cuyas actividades económicas se han visto afectadas por fenómenos climáticos extremos y disturbios sociales. Arce destacó que las entidades financieras y las empresas de arrendamiento financiero deberán atender de manera voluntaria las solicitudes de refinanciamiento y reprogramación de deudas.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, explicó que esta normativa está dirigida a los prestatarios que deseen reprogramar o refinanciar sus créditos. Además, las entidades financieras podrán optimizar sus procesos de análisis crediticio para agilizar la aprobación de estas solicitudes. Las deudas con un plazo residual de hasta dos años podrán ser reprogramadas por un máximo de cinco años, mientras que los demás créditos se regirán por las normativas vigentes de la ASFI.
Asimismo, las Entidades de Intermediación Financiera y las Empresas de Arrendamiento Financiero deberán establecer mecanismos para informar a los prestatarios sobre las disposiciones del decreto supremo, así como ofrecer educación financiera y socializar estas medidas.
Esta iniciativa, que responde a las demandas de sectores gremiales y microempresarios, permitirá flexibilizar los pagos y ofrecer un respiro económico a los más afectados por las recientes crisis. Los solicitantes deberán llenar un formulario disponible en todas las entidades financieras del país.
El Gobierno espera que esta medida no sólo alivie las dificultades de los deudores, sino que también contribuya a la estabilidad del sistema financiero en un contexto económico desafiante.
