A partir del 1 de enero de 2025, todas las transacciones de compra y venta de bienes y servicios que superen los Bs 50.000 deberán inscribirse en el Registro Auxiliar de Bancarización SIAT, según lo establecido por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). Esta nueva normativa busca reducir la evasión fiscal y mejorar la trazabilidad de las operaciones, pero podría suponer desafíos considerables para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) si no se implementan incentivos que faciliten la transición. Expertos advierten que, sin estos estímulos, la medida podría fomentar la informalidad en lugar de combatirla.
El presidente de la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba (FEPC), Juan Pablo Demeure, señala que la bancarización obligatoria puede ofrecer ventajas para las PyMEs, como mejorar su credibilidad y facilitar el acceso a financiamiento formal. Sin embargo, esta medida también implica desafíos operativos y financieros. Las empresas tendrán que actualizar sus sistemas contables y administrativos, lo que puede resultar costoso, especialmente para aquellas con márgenes ajustados o ubicadas en zonas rurales, donde el acceso a servicios bancarios e Internet es limitado.
“Para muchas PyMEs, esta normativa representará un incremento en los costos operativos y la necesidad de implementar sistemas que permitan la bancarización. Sin embargo, no todas las empresas pequeñas cuentan con los recursos o la infraestructura para adaptarse rápidamente”, afirma Demeure.
Zonas rurales
Las PyMEs que operan en áreas rurales, donde el uso de efectivo es habitual y el acceso a instituciones financieras es escaso, enfrentarán una barrera adicional con la bancarización obligatoria. El presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, advierte que la medida podría complicar el acceso de estas empresas a sus proveedores, obligándolas a asumir mayores costos logísticos. “Si las empresas no disponen de medios digitales o de infraestructura bancaria cercana, esta normativa representa una carga operativa adicional, limitando su competitividad”, explica Romero.
Necesidad de incentivos
La falta de incentivos por parte del SIN para promover la formalización es un tema central de preocupación. Aunque la normativa pretende formalizar la economía, sin políticas complementarias, las PyMEs podrían optar por dividir sus transacciones para evitar el umbral de bancarización, perpetuando así prácticas informales. “Las empresas que se formalicen asumirán una carga adicional, mientras que aquellas en la informalidad seguirán operando sin restricciones. Sin incentivos adecuados, la medida podría incentivar la informalización en lugar de reducirla”, asegura Romero.
Los especialistas proponen la implementación gradual de la medida, acompañada de beneficios específicos, como deducciones fiscales o asistencia técnica, que motiven a las empresas a formalizarse. Demeure y Romero destacan que, en países vecinos como Perú y Colombia, la formalización ha avanzado gracias a políticas inclusivas que apoyan directamente a los contribuyentes.
Impacto en la liquidez
Otro de los desafíos que plantea la bancarización es su efecto en la liquidez de las PyMEs. A diferencia del efectivo, las transacciones bancarias suelen requerir más tiempo, lo que podría afectar el flujo de caja de empresas que dependen de ingresos inmediatos para operar. “La bancarización puede generar demoras en el acceso a fondos y complicar la situación financiera de las PyMEs que necesitan liquidez constante para cumplir con sus obligaciones diarias”, advierte Romero.
Implementación efectiva
Los expertos sugieren que el SIN aplique la normativa de manera flexible, permitiendo a las empresas adaptarse gradualmente y minimizando el riesgo de errores que podrían derivar en sanciones. También recomiendan capacitación para el uso del sistema de bancarización y asistencia técnica por parte del Estado. “La educación tributaria y la socialización del sistema son esenciales para reducir el impacto negativo y facilitar la adaptación al cambio”, puntualiza Romero.
