El jefe de bancada del MAS en la Cámara de Diputados, el arcista Jerges Mercado, presentó este miércoles un proyecto de ley para las elecciones judiciales, el mismo que elimina los artículos que fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Según Mercado, este proyecto de ley "garantiza" que se pueda preseleccionar a los mejores hombres y mujeres en la Asamblea Legislativa Plurinacional y, a su vez, no se vulnere las garantías establecidas en la Constitución Política del Estado.
En una conferencia de prensa que contó con la compañía de asambleístas de su bloque del MAS, el diputado señaló que se eliminaron artículos de que fueron declarados inconstitucionales por el TCP, como el que prohibía a las actuales autoridades judiciales a postularse a otra institución del Órgano Judicial y el que inhabilitaba a postulantes que hubiesen emitido, con anterioridad, posiciones políticas de forma pública.
Mercado garantizó que este proyecto de ley respeta a la Constitución Política del Estado y a las demás leyes vigentes en el país.
En el proyecto de ley se prevé que las elecciones judiciales se desarrollen en un plazo que va desde cinco a seis meses.
Las elecciones judiciales debían realizarse en 2023, pero cuestionamientos a las leyes de convocatoria y al reglamento impulsaron la presentación de recursos de inconstitucionalidad ante el TCP, instancia que emitió su fallo a fines del año pasado, lo que imposibilitó que los comicios se realicen el año pasado.
“Fue el primero en la lucha marcial” es uno de lo versos que destacan en el Himno a Cochabamba y que buscan reflejar el don de liderazgo de esta región, que hoy celebra 214 años del grito revolucionario de la Villa de Oropesa.
La creencia de que “un acto ilegal es un acto inmoral” es una perspectiva que puede sonar justa; no obstante, le hace un gran daño a nuestra sociedad. Para comprender esta disyuntiva, es esencial destacar que la moralidad de un acto no se basa en obedecer las normas.
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EMILIO MARTÍNEZ CARDONA
Claro que el Encuentro Multipartidario no fue el Pacto de la Moncloa, pero hacen falta acuerdos institucionales. Aunque estemos en un régimen híbrido-autoritario, hay que recordar que, en casi toda América Latina, a lo largo de los 80, políticos y militares tuvieron que sentarse a hablar, en público o en privado, para encontrar la salida a los procesos de facto.
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El gobierno trató de sacar la mayor “punta” posible al tema del alzamiento de un grupo de militares que tomó la plaza Murillo. Lo hizo internamente, pero sobre todo fuera, aprovechando que precisamente en esos días se realizaba la Asamblea General de la OEA, el debut de Bolivia en el Mercosur y la visita del presidente Lula al país. Mejor escenario imposible.
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JAVIER VISCARRA VALDIVIA
Cuando el gobierno boliviano llamó a consultas al embajador Ramiro Tapia, destinado en Buenos Aires, todo parecía girar en torno a una reacción aparentemente lógica y guiada por la molestia que había generado el comunicado de la Oficina de la Presidencia de la República Argentina (OPRA), que calificó como falsa la denuncia de golpe de Estado realizada por el gobierno del presidente Luis Arce, respecto a los todavía confusos sucesos del pasado 26 de junio. Sin embargo, no era así.
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