En su Informe Mundial de 2024, la organización internacional de monitoreo a los Derechos Humanos, Human Rights Watch (HRW), afirmó que no ha encontrado pruebas que sustenten el caso de terrorismo contra Luis Fernando Camacho, además de que considera infundada la acusación contra la expresidenta Jeanine Añez por el mismo delito.
"Human Rights Watch revisó los documentos de su detención y no halló pruebas que respaldaran la acusación de terrorismo", dice el documento.
"La expresidenta Áñez permanece en prisión desde 2021. Inicialmente fue acusada de terrorismo. Human Rights Watch revisó los documentos de imputación y la proposición acusatoria y halló esa acusación infundada y manifiestamente desproporcionada", señala también el informe.
Hoy desde @hrw publicamos nuestro informe mundial anual de derechos humanos #Rights2024.
La situación en América Latina tristemente desmejoró.
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— Juanita Goebertus (@JuanitaGoe) January 11, 2024
En Bolivia, la Fiscalía acusó formalmente a Camacho y Añez por el delito de terrorismo en el caso denominado Golpe de Estado I. Según el Ministerio Público, el excívico habría coordinado con policías y militares el derrocamiento de Evo Morales en 2019, mientras que la exmandataria era cómplice.
De manera general, HRW observó que los sucesivos gobiernos, tanto de Jeanine Añez, como de Luis Arce, "se aprovecharon de una definición penal excesivamente amplia de 'terrorismo' para la presentación de cargos contra opositores".
En 2020, el mismo organismo consideró que el proceso contra Evo Morales por terrorismo también era desproporcionado y debía retirarse.
Anteriormente, organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidieron que se reforme el tipo penal de terrorismo, toda vez que su definición es amplia e imprecisa.
Falta de independencia judicial
Como otros organismos, Human Rights Watch señaló que el "sistema judicial de Bolivia sufre los efectos de la interferencia política desde hace años".
Asimismo, indica que el "presidente Arce no ha cumplido su promesa de reformar la justicia para garantizar su independencia de la política".
El informe también se refiere a la prórroga en el mandato de los magistrados.
Consideró que se retrasaron las elecciones judiciales porque "por primera vez, el oficialismo carece de la mayoría de dos tercios necesaria para seleccionar a los candidatos". Afirmó que anteriormente "el oficialismo de turno llenó las listas con personas vinculadas al gobierno".
Señaló, además, que el mandato de las actuales autoridades judiciales finaliza en enero de 2024; y la Constitución no prevé nombramientos temporales ni la prórroga.
