El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) recibió ayer dos cuestionamientos a su decisión de prorrogar la permanencia de los magistrados del Órgano Judicial. Por un lado, una juez anticorrupción rechazó el recurso presentado por el “guardián de la Constitución” para evitar ser investigado y, por otro, la organización Human Rights Watch aseguró que en la normativa nacional no existe la figura de “prórroga”.
La jueza de Instrucción Anticorrupción y de Violencia Contra la Mujer 4to de Sucre, Mirian Flores, decidió ayer rechazar el recurso de excepción que interpuso el TCP y pidió al Ministerio Público identificar a los denunciados por el presunto delito de usurpación de funciones en el Órgano Judicial.
La audiencia fue en Sucre. El presidente del TCP, Paul Franco, aseguró que el recurso interpuesto fue rechazado porque no son sujetos de investigación en ese caso.
En tanto, en el Informe Mundial de Human Rights Watch (HRW) 2024 se resalta que en la legislación boliviana no existe la prórroga de mandato para suplir la ausencia de los altos magistrados del TCP, como finalmente sucedió a falta de unas elecciones judiciales.
En el documento la organización internacional destaca la instrumentalización histórica de la justicia por los gobiernos de turno, incluso durante el interinato de Jeanine Áñez. Pese a las promesas de los presidentes para reformar el sistema judicial, ese objetivo no se cumplió y ahora muchas exautoridades son víctimas de una persecución judicial.
Usurpación
La denuncia por usurpación de funciones en el Órgano Judicial fue interpuesta por legisladores de Comunidad Ciudadana (CC) a inicios de mes. El diputado Enrique Urquidi confirmó que las excepciones fueron rechazadas y dijo que esa acción intentó dilatar el proceso.
Entre tanto, el líder de CC y expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, felicitó a la juez que decidió continuar con el caso y pidió seguir en la lucha hasta garantizar al país un sistema judicial idóneo.
En la audiencia de ayer se analizaron los incidentes planteados por los magistrados del TCP, quienes consideran que no deben ser juzgados en la vía ordinaria, sino que se trata de una competencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
“Esta ha sido una primera audiencia, por supuesto, nosotros también vamos a hacer el ejercicio del derecho de impugnación”, explicó Franco.
Elecciones
Postergación
Según el informe de Human Rights Wath, “los bolivianos tenían que votar en 2023 para elegir, a partir de listas creadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los jueces de los tribunales superiores y a los miembros del Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de nombrar y destituir jueces. En el pasado, el oficialismo de turno llenó las listas con personas vinculadas al gobierno. Las elecciones se retrasaron porque, por primera vez, el oficialismo carece de la mayoría de dos tercios necesaria para seleccionar a los candidatos”.
