El proyecto de ley “Lo ajeno no se toca” es una propuesta normativa que “apunta a un irracional uso de la detención preventiva que colapsaría el sistema penitenciario”, según el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro.
El Defensor publicó hoy un amplio análisis académico sobre el proyecto que fue presentado por el Ejecutivo y que defiende el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
El documento de Callisaya señala que “en un escenario donde el sistema penal se usa como forma de solucionar requerimientos sociales provocando el aumento correlativo de la detención preventiva, corresponde realizar una reflexión sobre los alcances de este tipo de proyectos en consideración al ser humano como sujeto de derechos y no como objeto de control”.
El proyecto de ley “lo ajeno no se toca” sube la pena a siete años de cárcel sin derecho a indulto por delitos de robo en flagrancia. Actualmente está en consideración en la Asamblea Legislativa.
En su análisis, el Defensor del Pueblo considera que el proyecto de ley hace que el “delincuente callejero” se constituya en el “enemigo simbólico interno del Estado”, objeto de control y ataque con el mayor “peso de la ley”.
Conclusiones
En la parte conclusiva del documento, el Defensor plantea la necesidad de “la construcción de una política criminal que se funde en el respeto al ser humano como miembro de la comunidad; que no se limite al criterio demagógico del uso del encarcelamiento del “enemigo”.
Pide también que se materialice el objetivo de las cárceles: la reinserción social (art. 74 par. I, CPE) que se constituye en criterio vital para la construcción de una política criminal.
El documento exige un sistema de justicia imparcial, “un régimen penitenciario que reinserte socialmente y garantice la reparación de las víctimas”.
Finalmente, el Defensor recomienda una política criminal que afirme “la responsabilidad del Estado en la protección, garantía e inclusión de todas las personas y en las soluciones que se puedan aplicar”.
