La tensión en Bolivia sigue escalando tras la advertencia del presidente Luis Arce de una “grave conflictividad” debido a los bloqueos que atraviesan el país. En un discurso pronunciado anoche, Arce destacó la necesidad de restablecer el orden público y proteger el derecho a la vida y la seguridad de los ciudadanos, en un contexto en el que varios sectores sociales mantienen vías bloqueadas desde hace más de 13 días, afectando la economía y la estabilidad del país.
Arce, durante el acto de posesión del nuevo Alto Mando Militar, enfatizó la responsabilidad del Gobierno y las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad del Estado y el libre tránsito. “La sociedad nos demanda acciones inmediatas para preservar los más altos intereses del país”, expresó el presidente, señalando que, aunque el derecho a la protesta pacífica está garantizado, la violencia y el bloqueo de carreteras amenazan derechos fundamentales como la libertad de locomoción y circulación.
El mandatario resaltó su preocupación por el uso de armas en los bloqueos, lo que, dijo, representa un riesgo grave para la vida y seguridad de los bolivianos. Ante esta situación, Arce afirmó que el Gobierno debe actuar para preservar el Estado de derecho y proteger la economía nacional, asegurando que las rutas principales permanezcan expeditas. “Proteger el aparato productivo es nuestro mandato fundamental”, recalcó.
Denuncia
Minutos antes, la Cancillería boliviana, acusó ante la comunidad internacional al expresidente Evo Morales de liderar acciones desestabilizadoras con el fin de interrumpir el mandato de Arce. En un comunicado, la Cancillería afirmó que estas acciones representan una amenaza no solo para Bolivia, sino también para la estabilidad y seguridad regional.
Según el comunicado, el bloqueo de carreteras, que afecta especialmente el tramo entre Oriente y Occidente, ha tenido efectos graves en el suministro de alimentos, combustibles y medicamentos, vulnerando tanto los derechos individuales como colectivos y afectando la economía de las familias, especialmente las más vulnerables. La Cancillería subrayó que el gobierno ha mostrado una disposición constante para dialogar y resolver el conflicto, pero destacó la presencia de “intereses personales” que buscan la impunidad y ponen en peligro el orden constitucional.
El comunicado también mencionó la participación de grupos violentos, supuestamente afines a Morales, quienes habrían amenazado con el “derramamiento de sangre”. Hasta la fecha, se han reportado al menos 14 policías heridos, algunos con lesiones graves. El gobierno considera que la situación ha alcanzado un nivel crítico y reiteró su intención de garantizar la paz y la seguridad en el país.
Por último, Bolivia hizo un llamado a la comunidad internacional y a organismos multilaterales para que sigan de cerca estos hechos, pues, de acuerdo con la Cancillería, se trata de un intento de desestabilización que pone en riesgo la democracia en el país.
