La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29) planteó que los países ricos paguen 250.000 millones de dólares anuales para la mitigación de los impactos del cambio climático, a partir de 2025, y alcanzar progresivamente 1,3 billones de dólares hasta 2035.
Una parte de los fondos puede ser en bonos de carbono, pero con un nuevo marco regulatorio del mercado internacional, con el fin de dirigir los recursos a las acciones climáticas de los países en desarrollo.
Las partes aprobaron los estándares para que comience a funcionar un mecanismo de mercado de carbono, pero regulado por Naciones Unidas.
El secretario Ejecutivo de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (Pbfcc), Juan Carlos Alarcón, explicó que los recursos provendrían de entidades públicas y sería libre de deuda para reparar el daño generado. “Además, los gobiernos deben contemplar en su presupuesto los recursos que deben destinarse a la mitigación de los efectos del cambio climático”, añadió.
La normativa
Alarcón recordó que Bolivia ya se abrió a los mercados de carbono con el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que declaró inconstitucional una parte de la Ley de la Madre Tierra, permitiendo así la legalización de los bonos de carbono, que hasta ahora estaban prohibidos en el país.
Si bien es una oportunidad para que las poblaciones indígenas consigan algunos beneficios, hay ambientalistas que aseguraron que no son una garantía para preservar el medioambiente.
El mercado de carbono permite que una entidad le pueda pagar, por ejemplo, a una comunidad para que ellos hagan algún proyecto con el que se pueda capturar CO2. Algunos casos son siembra de árboles o restablecimiento de manglares, entre otros.
Debate
En Bolivia el debate persiste en relación con los beneficios y riesgo de este sistema de incentivos económicos para que las empresas y gobiernos altamente contaminadores contribuyan a la mejora de la calidad medioambiental.
Alarcón enfatizó que los mercados de carbono son falsas soluciones a la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). “No van a resolver el calentamiento global con simplemente la compra de derechos para seguir contaminando. Y en ese camino perverso, año que pasa, requerimos más recursos económicos para afrontar los graves impactos del cambio climático y nunca habrá dinero suficiente”, aseguró.
Sobre el tema, el investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Gonzalo Mondaca, señaló que los bonos de carbono son “una falsa ilusión” ante la emisión de gases de efecto invernadero y “la conservación de los bosques entra en un circuito de mercado”.
Mencionó como limitaciones en Bolivia la falta de regulación, la falta de normativa, la carencia de una gestión del bosque y de una instancia que supervise el cumplimiento de acuerdos.
Tanto Alarcón como Mondaca coincidieron en que sí se requiere y se exige financiamiento, pero no de la manera como están negociando. “Proponemos avanzar en el mecanismo de financiamiento no vinculado al mercado de carbono, que Bolivia promueve como alternativa en el marco del artículo 6.8 del Acuerdo de París”, insistió Alarcón.
Mencionaron por separado, la existencia de riesgos y contradicciones, por ejemplo, la mercantilización de la naturaleza, transformando los recursos naturales en mercancías de oferta y demanda, que, además, permiten a los grandes contaminadores compensar sus emisiones sin reducirlas realmente.
Por otro lado, ya es una realidad que los mercados de carbono ya están dentro de nuestro país hace algunos años. Se ha visto que las comunidades no son adecuadamente consultadas, en muchos casos los contratos son poco transparentes, poniendo en riesgo sus medios de vida y patrimonio natural.
