El 4 de diciembre de 2024, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) aprobó la Resolución Administrativa Nº 58/2024, que establece un marco regulatorio para las transacciones y el uso de criptoactivos en el país. La medida, encabezada por la directora de la UIF, Liseth Pamela Troche, responde a la necesidad de regular un sector que, hasta ahora, operaba sin una normativa específica.
La resolución define como sujetos obligados a las personas naturales o jurídicas que ofrezcan servicios relacionados con activos virtuales. Entre estas actividades se incluyen:
1. Intercambio entre criptoactivos y monedas fiat.
2. Intercambio entre diferentes tipos de criptoactivos.
3. Transferencia de criptoactivos.
4. Custodia o administración de criptoactivos o instrumentos relacionados.
5. Prestación de servicios financieros vinculados a la oferta o venta de criptoactivos.
Todos los operadores de estos servicios deberán registrarse ante la UIF y reportar cualquier operación sospechosa de legitimación de ganancias ilícitas (LGI), financiamiento del terrorismo (FT) y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (Fpadm).
La normativa también afecta a aquellos sujetos que, estando ya regulados por normativas contra LGI y Fpadm, hayan comenzado a operar como Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). Estos deberán actualizar su registro ante la UIF dentro de los 30 días siguientes a la publicación de la resolución.
Según el presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, las operaciones con criptomonedas en Bolivia se realizaban hasta ahora bajo un esquema de libre mercado, lo que generaba incertidumbre y riesgos vinculados al financiamiento de actividades ilícitas.
“Es necesario contar con una regulación que mitigue los riesgos de actividades ilegales, como el lavado de dinero y el narcotráfico, que podrían ser facilitadas a través de los criptoactivos”, señaló el economista. Aunque reconoce que esta medida podría complicar el desarrollo temprano del mercado de criptoactivos, también subraya que representa un paso fundamental hacia la formalización y la supervisión de estas transacciones.
