Bolivia enfrenta una catástrofe ambiental que superó todas las proyecciones. La Fundación Tierra calcula que más de 10,1 millones de hectáreas han sido arrasadas por el fuego este año. El Gobierno calcula sólo 6,9 millones. Cualquiera de los datos es una cifra sin precedentes. Los incendios no solo devastan los ecosistemas, sino que están deteriorando gravemente la calidad del aire.
En Santa Cruz, el Índice de Calidad de Aire (ICA) ha alcanzado niveles nunca antes vistos. Este martes, se reportó el día más contaminado del año, con un ICA que llegó a 500 en la madrugada, un nivel que pone en grave riesgo la salud pública. En Cochabamba, la calidad del aire pasó de “mala” a “muy mala”. Las autoridades recomiendan el uso de barbijo y evitar actividades al aire libre, pero la población no puede escapar de los efectos del humo que proviene de incendios de oriente.
La respuesta del Gobierno ha sido también anunciar una lucha “sin precedentes” contra el fuego con más de 4.000 bomberos y cinco aeronaves. El presidente Luis Arce ha reforzado los esfuerzos, afirmando que el “enemigo común” del país hoy es el fuego.
Sin embargo, lo más alarmante es que, en medio de esta crisis, grupos de campesinos instalan bloqueos exigiendo la derogación del Decreto 5225, que establece la pausa ambiental. Este decreto impide que las tierras afectadas por incendios sean utilizadas por un periodo de cinco años, una medida crucial para permitir la regeneración del suelo y prevenir la explotación indebida. Pero, para estos sectores, la prohibición significa la pérdida de sus medios de vida, y demandan su anulación. Este bloqueo refleja una desconexión profunda entre la urgencia de preservar el medio ambiente y las necesidades inmediatas de quienes dependen de la tierra para subsistir.
El fuego no distingue entre la economía y la ecología; lo consume todo. La magnitud de los incendios, que ya han quemado el 10 por ciento del territorio del país, según la Fundación Tierra, muestra que Bolivia necesita un pacto social por los bosques. La deforestación, el cambio climático y la expansión de la frontera agrícola han hecho que los incendios forestales se intensifiquen año tras año, afectando áreas protegidas, territorios indígenas y comunidades rurales.
Urgen políticas de prevención ambiental “sin precedentes”, que involucren tanto al Gobierno como a la sociedad civil y a los sectores productivos. Solo así será posible detener esta devastación y proteger el futuro de Bolivia. La situación actual nos recuerda que el costo de la inacción no solo se mide en hectáreas quemadas, sino en la salud de nuestros ciudadanos, la pérdida de biodiversidad y el daño irreversible a nuestros ecosistemas.
