Dos muertos por disparos de armas de fuego y varios heridos en el tercer episodio de ocupación violenta de un predio agrario —productivo desde hace más de 20 años bajo la administración de sus propietarios— evidencia una vez más la ausencia del imperio de la ley en las tierras codiciadas por avasalladores.
En este caso, avasalladores, que según el Ministro de Gobierno son tanto “la familia intercultural” como los empresarios que estaban el lugar, junto a trabajadores, para cosechar la soya producida en ese predio que cuenta con medidas precautorias concedidas a demanda de sus propietarios.
Larga es la historia de violencias de la familia que menciona el Ministro, larga e impune, especialmente en Guarayos, la provincia cruceña donde está ubicada la propiedad cuyos plantíos de soya, listos para ser cosechados, pueden perderse, con el consiguiente perjuicio para la economía del país —puesto que se trata de la producción de 1.800 hectáreas, alrededor de 720.000 toneladas de grano— para los empresarios y para las 30 familias que trabajan en la propiedad.
La “familia intercultural” codicia también esa cosecha, pues —según denuncia del representante legal de los propietarios del predio atacado— sus dirigentes están en proceso de negociación (venta) de las 1.800 hectáreas de soya cultivadas en el terreno.
Negociantes del bien ajeno, además de usurpadores violentos, los miembros de esa “familia” no temen a la autoridad del Estado, como evidencia el ataque perpetrado el 13 de febrero contra policías que realizaban una inspección en el lugar, después de que desalojaron a los avasalladores del predio el 3 de febrero, día en el que, en otra emboscada, fueron obligados a liberar a 66 aprehendidos.
Nada novedoso en Guarayos. Hace 16 meses, en otro predio rural de esa provincia cruceña, un grupo irregular armado con escopetas, rifles y revólveres tomó de rehenes a 17 personas y las torturaron durante siete horas.
Las víctimas de ese ataque fueron, además de los propietarios del lugar, periodistas y policías, incluido un coronel. Un camarógrafo, un chofer y uno de los propietarios del predio lograron escapar del ataque, en medio de disparos, y dar la alerta. Su huida sirvió para que el coronel de Policía evoque la posibilidad de una intervención oficial inminente y convenció a los atacantes de que era mejor liberarlos.
El Ministro de Gobierno reaccionó dos días después enviando un contingente policial al lugar. Luego se identificó a algunos de los atacantes. Hubo detenciones y el caso, como otros, se disuelve en los laberintos judiciales.
Ahora, resulta, según el mismo ministro, que el predio atacado anteayer por la “familia intercultural”, con resultados fatales, está en “tierras fiscales no disponibles”.
