Hace un par de semanas, se conoció que el presidente del Estado regaló a una organización social afín al masismo, un motorizado robado en Chile. Y la semana pasada, una diputada de Comunidad Ciudadana (CC) descubrió que el Gobierno entregó otro vehículo robado a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El Gobierno anunció investigaciones y declaró que los autos serán devueltos a Chile. Hay cinco procesados por estos casos: dos policías y tres funcionarios de Aduanas. Ninguna autoridad de alto rango.
Para la viceministra de Comunicación se tratan de “casos aislados”, y el Gobierno tiene una política muy dura de lucha contra el contrabando y, por eso, se decomisaron 6.000 autos ilegales en dos años y medio.
Hay más, la semana pasada concluyó con la renuncia del ministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, el cuarto en la gestión de Luis Arce que se va por denuncias de corrupción. El ministro se marchó acorralado por las denuncias del caso coimas que involucran a funcionarios, recaudadores y familiares que compraron 30 inmuebles y tres haciendas para él.
Había que ver cómo una de sus recaudadoras explicaba a los medios de comunicación, con la mayor naturalidad del mundo, el modus operandi para extorsionar a las empresas y sacarles entre el 8 y 10% por adjudicaciones y de haber recibido documentación de entre 29 y 30 inmuebles en Tarija y Cobija.
¿También deberemos entender que es un caso aislado?
De hecho, antes de Santos Cruz renunciaron, entre 2020 y 2021, los ministros de Educación, Adrián Quelca, por denuncias de irregularidades en el proceso de titularización; el de Desarrollo Productivo, Wilson Cáceres, por designar a su expareja como jefa de gabinete, y Edwin Characayo, detenido por un soborno.
En la gestión del MAS, hubo denuncias de corrupción millonaria que quedaron en el limbo, como los casos CAMC, barcazas chinas o Fondo Indígena, en todos ellos se buscó minimizar o desviar la atención.
¿Qué se dijo cuando se develó el robo del caso Pari al Banco Unión? ¿Qué era “normal” y que lo robado tenía poco efecto en el sistema financiero nacional?
Y corresponde también mencionar el tema de los respiradores y gases en la gestión de Áñez, cuyo protagonismo recae en el exministro Murillo, hoy detenido en EEUU.
Es que la corrupción parece ser un mal congénito que hizo metástasis en la administración pública boliviana, y los casos más recientes y millonarios implican justamente al MAS sólo por haber estado más tiempo en el poder.
Ya no sorprenden los casos, son muchos, y de todas las cifras y colores. Y todos quedan impunes, ¿cómo creer entonces que se tratan de “casos aislados”?
