La investigación del caso de los más de 470 kilos de cocaína boliviana incautados en Madrid luego de su arribo al aeropuerto de Barajas está detectando fallas en los controles antidrogas nacionales, pero la manera cómo el Ministerio de Gobierno encara el asunto suscita inquietudes.
“Una cantidad tan grande (de cocaína) no pudo haber sido enviada a España sólo por dos personas (las primeras de las 11 detenidas)”, decía el martes del Ministro de Gobierno, antes de admitir que “lamentablemente el narcotráfico ha permeado a funcionarios de distintas instituciones (estatales)”.
Esa constatación parece obvia considerando lo que se sabe del caso en cuestión, por ejemplo, la desaparición, hace poco más de una semana, de los videos críticos del día en que la carga de droga fue embarcada en Viru Viru, o la falta de respuesta a las solicitudes infructuosas, de Aircop —la instancia internacional que coordina la acción de los cuerpos policiales nacionales en aeropuertos de varios países— formuladas, hace cuatro meses, a dos entidades estatales bolivianas sobre el mismo material.
Lo que es menos obvio es la utilidad que tiene para la investigación del caso en Bolivia —desde donde partió la cocaína incautada en España— de los cuestionamientos manifestados por el Ministro de Gobierno acerca de la actuación de las instancias españolas vinculadas con el control del tráfico de drogas.
“Necesitamos que España, las autoridades correspondientes, remitan información oficial a nuestro país para tener las sanciones ejemplares en contra de estas personas”, decía ayer el Ministro.
¿Qué pueden saber las Aduanas y la Guardia Civil españolas acerca de la organización que envió por avión, desde Santa Cruz, casi media tonelada de cocaína a Madrid?
¿Qué podrían aportar los españoles acerca del circuito de acopio de toda esa droga en Bolivia o de por qué algunos implicados en el caso actual, involucrados también en la importación de drogas sintéticas desde España a Bolivia, fueron liberados de su detención?
Al parecer, muy poco. Tan poco como lo que contribuyen a la investigación los cuestionamientos ministeriales acerca de la diferencia de seis kilos, en las cifras que manejan las entidades de España sobre la cocaína incautada.
Al parecer, este escándalo que recuerda a otros de similar o mayor magnitud que afectaron a las gestiones gubernamentales del MNR en los años 80 y 90 es un desafío extraordinario para el Gobierno, tanto más cuanto la base del partido gobernante, el MAS, está constituida por cocaleros, y la produción y demanda mundial de cocaína se han disparado hasta máximos históricos, según el último informe de la ONU.
