Además de atentar contra derechos propietarios, los avasallamientos de tierras atentan contra la seguridad alimentaria de los bolivianos y constituyen un factor de presión para el crecimiento urbano caótico, imposibilitando así la planificación y ordenamientos territoriales instituidos por ley.
En efecto, esas acciones delincuenciales perpetradas —a menudo con violencia— por grupos organizados son más frecuentes desde hace unos años, no cesan y ocurren prácticamente en todos los departamentos.
“Esto es inseguridad jurídica y atenta contra la seguridad alimentaria de todos los bolivianos”, alertaba el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), a fines de marzo en La Paz, al referirse a los avasallamientos de tierras ocurridas los últimos meses en los llanos.
En Cochabamba, la Cámara Agropecuaria departamental daba cuenta, hace un par de días, de 90 denuncias de avasallamientos de tierras productivas desde el año pasado.
“Recordemos que desde la tierra producimos los alimentos. Cuando hay este tipo de eventualidades (ocupación ilegal de los terrenos), inmediatamente disminuye la producción y esto se agrava con otros problemas”, alertaba el gerente de esa Cámara al mencionar que las regiones más afectadas son el valle alto y bajo, pero el problema se va extendiendo a todo el departamento.
La ocupación ilegal de tierras ocurre especialmente en proximidades de áreas urbanas y se concreta con construcciones ejecutadas rápidamente por personas que adquieren terrenos de los loteadores-avasalladores.
Así, la mancha urbana de los municipios crece al ritmo de los avasallamientos y, en muchos casos, en terrenos de zonas categorizadas aún como rurales. Es el caso, por ejemplo, del propietario de una granja porcina con más de mil cerdos, en San Benito, que debe desalojar sus predios que ahora se encuentran en medio de la mancha urbana.
Su caso es uno de los tantos que refleja la realidad de cientos de productores agropecuarios en Cochabamba, que, por la falta de planificación y autoridad, se están quedando sin espacios para desarrollar sus actividades por el crecimiento acelerado de las urbes.
Un crecimiento que debiera estar organizado en aplicación de la Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado, cuyo órgano rector es el Ministerio de Planificación del Desarrollo. Pero, al parecer, la mancha urbana se expande de acuerdo con los planes de ocupación ilegal de los avasalladores.
El problema exige una urgente intervención del Estado, considerando que, como efecto de una tendencia migratoria creciente, más de siete de cada 10 bolivianos viven en ciudades, de acuerdo con la Encuesta de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE), del año 2021.
