No debe haber un solo boliviano deseoso de que el Gobierno se equivoque en sus expectativas y proyecciones para la economía del país.
Sin embargo, creer sin reservas en los anuncios oficiales es un tanto difícil y no sólo por la desconfianza ciudadana que se ha ganado el Ejecutivo —fenómeno natural al cumplirse la mitad del mandato presidencial—.
No es fácil creer que la economía nacional crecerá este año en un 4,86 por ciento, respecto de los resultados del año pasado, cuando el Banco Mundial (BM) ha revisado a la baja, por segunda vez en dos meses, su proyección para la economía de Bolivia en 2023 previendo un crecimiento del 2,5 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 2023.
El BM explica sus previsiones basándose en que el crecimiento económico a escala mundial se ha desacelerado considerablemente.
El Fondo Monetario Internacional es incluso menos optimista y estima que el valor de nuestro PIB este año aumentará sólo un 1,8 por ciento respecto de 2022.
Pero para el Gobierno, esos datos importan poco. “Nosotros tenemos nuestras propias proyecciones, estamos seguros, como dijo el presidente Arce, ‘una vez más vamos a decepcionar a los distintos organismos internacionales’”, afirmaba ayer la Viceministra de Comunicación.
En un contexto externo adverso, Bolivia mantiene una inflación controlada, subvención a hidrocarburos y otros productos, en un modelo que apuesta a la inversión pública, explicaba la funcionaria. Precisamente esa participación del Estado en la economía boliviana, parece no acompañar las expectativas oficiales.
Al menos eso deja pensar, por ejemplo, que el Gobierno central demora en transferir, desde hace cerca de un año, 300 millones de bolivianos a las gobernaciones y universidades públicas.
Esos recursos corresponden al Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD), están contemplados en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 y, obviamente, en los presupuestos departamentales.
La demora en esos desembolsos repercute en una disminución de la inversión pública, sobre la que se basa el modelo económico del Gobierno.
Respecto de la “inflación controlada” que proclama el Gobierno, apoyado en las cifras del Instituto Nacional de Estadística, la experiencia cotidiana de cualquier boliviano muestra que ese “control” es muy relativo, por decirlo de manera amable.
Los precios suben de manera moderada pero constante, y eso afecta a los bolivianos con menos ingresos, pues el encarecimiento es más notorio, 1,67 por ciento en mayo según el INE, en los productos alimenticios, a los que ese estrato destina el 70 por ciento de sus recursos pecuniarios.aa
