El Gobierno ha decidido imponer restricciones “administrativas para la importación, exportación y comercialización del mercurio”, un metal utilizado sin control por los mineros auríferos, que está envenenando a los indígenas del norte del país y contaminando el entorno.
Ayer se promulgó el decreto correspondiente, que “con la finalidad de proteger la salud humana y reducir el impacto en el medio ambiente provocado por el uso del mercurio”, establece un registro de importadores, exportadores y comercializadores de ese metal, y una “autorización previa” para su importación o exportación.
La medida entrará en plena vigencia en unas semanas y el Ejecutivo la adopta dos días después de conocerse los resultados de una investigación científica que constata que seis pueblos indígenas de 36 comunidades del norte de La Paz sufren envenenamiento por mercurio.
El 75 por ciento de las personas evaluadas —un total de 302— tiene elevados niveles de mercurio en su cuerpo: de dos a siete veces más que los máximos tolerables. Muchas ya presentan problemas de salud, especialmente neurológicos.
Son bolivianos tsimane, ese ejja, lecos, mosetenes, uchupiamonas y tacanas que viven en las riberas del río Beni y sus afluentes, en zonas que están río abajo de otras donde la minería mecanizada y artesanal extrae oro de la tierra utilizando mercurio.
Las aguas de los ríos arrastran ese metal que contamina a los peces y envenena a los indígenas cuya principal fuente de proteínas son los pescados.
El mercurio es indestructible y sus efectos en el cuerpo se manifiestan paulatinamente. El envenenamiento de esos ciudadanos del Estado Plurinacional no es reciente. Comenzó hace unos 15 años, cuando el Gobierno de Morales alentó el crecimiento de las cooperativas mineras auríferas, poderoso sector que prácticamente decide cuánto de impuesto pagará.
Y que probablemente se oponga a esa nueva medida que instituye el control estatal en la provisión de mercurio.
Un control que debía existir hace al menos un lustro, después de la entrada en vigor del Convenio de Minamata sobre Mercurio, del cual Bolivia es signatario.
Hace tres años, en 2020, Bolivia fue el primer importador mundial de mercurio, según un boletín oficial de 2021.
En septiembre de 2022, un informe de la ONU constataba “la violación de derechos humanos resultantes tales como el racismo estructural sufrido por pueblos indígenas y las injusticias ambientales que se derivan del uso del mercurio” en la minería.
¿Cuán eficaz será el reciente decreto del Gobierno para, al menos, mitigar los daños humanos y ambientales que provoca la explotación aurífera en las tierras bajas?
