El pasado 6 de julio, el Banco Central de Bolivia (BCB) informó, finalmente y después de cinco meses de silencio, el estado de las reservas internacionales netas (RIN), algo que los economistas habían estado reclamando durante todo ese tiempo, considerando que lo habitual era hacerlo cada semana.
Naturalmente, ese cambio brusco en el ritmo da enorme espacio a la susceptibilidad. ¿Qué se escondía de tras de ese silencio? ¿En qué estado se hallaban las RIN? ¿Teníamos aún margen de maniobra, especialmente para el comercio exterior y sus repercusiones en la economía nacional, comenzando por la escasez de dólares?
Y cuando el BCB se pronunció, lejos de dar una explicación que mínimamente sonara a disculpas, arremetió contra los “analistas y voceros políticos”, “algunas redes sociales y medios de comunicación” por las “especulaciones” difundidas sobre el estado de las reservas. Anunció también que, a partir de la fecha, se darán informes cuatrimestrales sobre las operaciones con reservas de oro.
Entonces, aparecen las sombras. El informe del pasado jueves era sólo hasta abril (aún quedan dos meses de misterio), no se dice nada de los efectos de la Ley del Oro, y lo que sí se reporta es que hay un descenso de 380 millones de dólares de las RIN con relación al último informe, una caída que en términos relativos puede ser pequeña, pero, vista en el contexto y si damos crédito a los economistas, nos lleva a considerar que las reservas siguen menguando de forma paulatina y sin freno.
Todas estas pistas dejan pensar que al Gobierno le cuesta dar información sobre temas económicos. Y por si no bastaran estos cuatro meses de silencio sobre las RIN aún quedan otros hechos de los que no se informa poco o nada: las reservas de gas natural; los detalles de los convenios sobre el litio con las empresas de China y Rusia; la sexta adenda de gas con Argentina, y otros.
El Gobierno acusa a los economistas y medios de comunicación por causar un clima de especulación, pero no se cuestiona acerca de la poca transparencia en el manejo de la administración pública ni considera que las conjeturas a partir de lo que se conoce son el único recurso posible para explicar o entender lo que se ignora, precisamente por la carencia de información.
Se dice que la información es poder, pero es también un derecho acceder a ella más aún cuando se trata de asuntos de interés público, cuyas repercusiones tienen que ver con el bienestar de cada uno de los ciudadanos y sus familias. En un país donde, en principio, impera el Estado de derecho y la democracia, lo esperable es que la ciudadanía tenga derecho de conocer el estado de sus recursos y lo que se hace con su dinero.
