El reciente bloqueo, de cuatro días, en la avenida Blanco Galindo de Cochabamba —vía inevitable para el paso de oriente a occidente de vehículos de alto tonelaje y buses interdepartamentales— suscita algunos cuestionamientos, además de la indignación natural de los ciudadanos y sectores directamente afectados.
Esas interrogantes se refieren a la recurrencia y ejecución de este tipo de medidas de presión, y la acción de las autoridades encargadas por ley de resolver las causas que las motivan.
Iniciado el lunes último por gente del municipio de Colcapirhua, debido a un conflicto de límites con Tiquipaya, el bloqueo que interrumpió el tráfico vehicular en esa importante vía se suma a los más de 50 similares registrados en Cochabamba en el primer semestre de este año.
Es el segundo episodio de obstrucción de las conexiones interdepartamentales cochabambinas en una semana y como los anteriores éste repercute en perjuicios serios para empresas, emprendedores individuales y viajeros.
Son más de 140 mil familias vinculadas con el sector agropecuario que resultan perjudicadas porque esas movilizaciones impiden que sus productos lleguen a los mercados más importantes del país: Santa Cruz, La Paz y El Alto, y también los privan de insumos necesarios, indicaba el presidente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba.
“Estas acciones están causando un daño económico estimado de 74,7 millones de bolivianos al departamento durante los últimos tres días, que afectan a la empresa privada, al aparato productivo del departamento de Cochabamba y a la población en general”, manifestaba ayer la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba, mediante un comunicado.
Son pérdidas significativas que sufre directamente una gran cantidad de personas, y, de manera indirecta, toda la población cochabambina, pues esos perjuicios se traducen también en menos tributos, es decir menos recursos para invertir en beneficio colectivo.
Pero eso es ajeno a los impulsores y ejecutores de los bloqueos, cuyos intereses reales no pueden estar en el ámbito del bien común, como es poco creíble que la gente de a pie de Colcapirhua se movilice durante cuatro días de manera espontánea, sin premio por bloquear ni castigo por no hacerlo.
Respecto de la gobernación de Cochabamba —la instancia facultada por la Ley de Delimitación de Unidades Territoriales para prevenir y gestionar conflictos como el que motivó el bloqueo reciente— es loable la acción de su titular, que consiguió un acuerdo entre los alcaldes de Colcapirhua y Tiquipaya y el fin del bloqueo. Pero quizás pudo hacerlo antes, o intervenir para despejar la vía obstruida y reducir los perjuicios de esa medida.
