Quillacollo, y sus ciudades vecinas, viven desde ayer el frenesí de los eventos principales de la festividad de la Virgen de Urkupiña, cuyo impacto y celebraciones se extienden a varias semanas anteriores y posteriores a su fecha precisa: 15 de agosto.
Declarada “Fiesta de la integración nacional”, por el Ministerio de Culturas, hace como una década, la festividad de Urkupiña tiene este año un desafío mayúsculo: convencer a los enviados de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que sí merece ser declarada Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad.
Con ese fin, “nos va a ayudar mucho que la organización de la propia festividad sea impecable”, decía hace días el presidente de la Asociación de Fraternidades Folklóricas Virgen de Urkupiña.
La alcaldía de Quillacollo intensificó sus campañas de limpieza y, desde hace más de dos semanas, manillas para prevenir el extravío de niños, tan frecuentes en esta masiva y prolongada celebración a la que acuden decenas de miles de personas de toda Bolivia y también del exterior.
Son iniciativas destacables considerando la cantidad de personas que desde fines del mes pasado llegan a Quillacollo para manifestar su devoción y gratitud a la Virgen, llevarse —o devolver— piedras del cerro de Cota, realizar otras prácticas rituales o simplemente espectar el desfile de grupos de danzarines, en las entradas Autóctona y Folclórica.
Quizás ningún habitante de Quillacollo y sus alrededores es ajeno a lo que ocurre en esa ciudad por la fiesta de Urkupiña. Y deben ser pocos los bolivianos que ignoran el significado y dimensión de esas celebraciones.
Es natural, pues se trata de la expresión de variadas manifestaciones culturales que expresan el sincretismo de la religiosidad boliviana y atrae multitudes.
Y es natural también que para los quillacolleños y para todas las instituciones —religiosa, municipal, y de la sociedad civil— vinculadas con la festividad estas fechas tengan una importancia trascendental.
Y es precisamente por esas razones que sería necesario reflexionar acerca de algunos ajustes organizativos que contribuirían de manera positiva a esta celebración.
En ese sentido, podría trasladarse la realización de los actos centrales de la fiesta al fin de semana más próximo al 15de agosto, eso facilitaría la estadía de personas de otras ciudades y eliminaría la recurrente polémica por el feriado, no oficial pero sí de facto.
También tendría que planificarse de manera eficiente la circulación vehicular, saturada en estos días, y el transporte público, más caótico que el resto de año.
Ninguna de esas modificaciones distorsionaría el espíritu de la Festividad y facilitaría su celebración.
Por primera vez en cuatro meses, Santa Cruz amaneció el pasado 4 de noviembre sin incendios. El infierno que arrasó al menos siete millones de hectáreas en ese departamento, cerca de 10 en todo el país, este año acabó.
El conflicto entre órganos del Estado acerca de la realización de las elecciones judiciales y el indignante arranque de violencia que se produjo en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en la inauguración de su última legislatura parecen no afectar sobremanera a los bolivianos que cada día deben adaptarse a las cotingencias de las carencias, de dólares, de combustible.
Los potosinos celebran pasado mañana, domingo 10 de noviembre, la efeméride cívica de su departamento que conmemora en esa fecha la insurrección que hace 214 años protagonizaran sus ancestros contra la corona española para sumarse al movimiento que desde Buenos Aires proclamaba la ruptura de los vínculos que hasta entonces los unían al Virreinato de Lima.
Con el avance de los trabajos de construcción de su Línea Amarilla, el Tren Metropolitana de Cochabamba está en vías de consolidarse como una opción conveniente para el transporte de pasajeros.
Tuvieron que vencerse muchas peripecias, todas resultantes de la oposición ciudadana, antes de que se defina el trazo de esa línea y se inicie su implementación, aunque con un alcance distinto del que tenía al principio pues no llegará hasta Sacaba.
Los perjuicios ocasionados en estas más de tres semanas de bloqueos de carreteras y actos de violencia ejecutados por organizaciones afines al ala evista del Movimiento al Socialismo (MAS) no solo agravan la situación económica que atravesamos.
Aunque los bolivianos vivimos la evolución de una crisis política que agrava la situación económica y no parece tener perspectivas de un desenlace rápido, el mundo está pendiente de la jornada final de las elecciones en EEUU, cuyo resultado es tan incierto como trascendental.
Así lo muestra la prensa internacional, reflejando el final de varios meses de una campaña electoral atípica, marcada por la desinformación, la agresividad del expresidente candidato y la división del electorado.
En Bolivia, como en otros países de fuerte tradición católica, la doble identidad que con los años ha ido adquiriendo la fiesta de Todos los Santos o Halloween, según la versión con la que uno se sienta más identificado o menos indiferente, llega acompañada de una polémica sobre la que vale la pena reflexionar.
La acción policial-militar que el viernes recién pasado desbloqueó la vía fundamental que une Cochabamba con el occidente del país tendría que ser el principio del fin de la escalada de agresiones perpetradas por la facción del Movimiento al Socialismo (MAS) leal al expresidente Morales, cuyas consecuencias se traducen en perjuicios que afectan a toda la ciudadanía, agravando la situación de la economía nacional.
La situación en el trópico de Cochabamba (Chapare) desafía cualquier noción de Estado de derecho y constitucionalidad en Bolivia. Los eventos recientes, en que cocaleros de las Seis Federaciones del Trópico han asumido el control, expulsando a la Policía y al Ejército, exhiben el creciente poder de una facción que ha convertido la región en su propio feudo.
Las recientes agresiones contra periodistas en Bolivia, en las localidades de Parotani, Bulo Bulo y Mairana, exigen nuestra más rotunda condena. Los bloqueadores afines al expresidente Evo Morales han traspasado límites inadmisibles, llegando al extremo de retener a reporteros, golpearlos y hasta amenazar con quemarlos vivos. Estos actos son una violación no sólo a los derechos de los periodistas, sino de toda la ciudadanía a ser informada de manera imparcial y veraz.