Los bloqueos en Bolivia no son una novedad, pero los recientes impulsados por sectores afines al expresidente Evo Morales han alcanzado una dimensión que amenaza con colapsar la economía de Cochabamba y, por extensión, la del país entero. Lo más preocupante es que estas acciones, lejos de responder a verdaderos intereses sociales o económicos (que tengan que ver con el bien común), parecen estar motivadas por disputas personales y agendas judiciales pendientes del exmandatario, sacrificando así el bienestar de millones de bolivianos por intereses particulares.
Cochabamba, corazón logístico del país, sufre los embates de estos bloqueos que paralizan sus principales rutas. Como epicentro del comercio interno y enlace crucial entre el Atlántico y el Pacífico, la interrupción de sus carreteras genera pérdidas económicas diarias que rozan los 18 millones de dólares.
Los bloqueos en las rutas Cochabamba-Santa Cruz y Cochabamba-La Paz no son solo una molestia para el transporte de productos o personas, son una sangría económica constante que amenaza con hacer colapsar industrias enteras. Empresas nacionales e internacionales ya están viendo cómo el incumplimiento de plazos de entrega podría atraer sanciones, hundiendo aún más una economía ya de por sí frágil. Este es el precio de una política de presión irresponsable que antepone los intereses de unos pocos a los de toda una nación.
El impacto de estos bloqueos no se detiene en las industrias y el comercio, y los empresarios y economistas advierten que esta situación podría derivar en una espiral inflacionaria incontrolable.
Por otro lado, los transportistas se hallan en una situación límite, pues no sólo enfrentan la subida de costos de insumos, como el combustible, sino que ven cómo sus medios de vida se paralizan día tras día sin solución.
A esta devastadora situación se suma la advertencia de YPFB, que ha informado sobre los riesgos que supone la detención de más de 300 cisternas en los puntos de bloqueo, además de la futura escasez del combustible.
Es imperativo poner soluciones. La creación de una ley antibloqueos, como la propuesta por la ICAM, es una medida urgente que debe ser considerada seriamente si se pretende salvaguardar la economía y la estabilidad social.
El daño que estos bloqueos ya han causado es incalculable. El caos en Cochabamba es solo un reflejo de una estrategia política que está hundiendo al país en una crisis cada vez más profunda. No se puede permitir que las ambiciones personales de unos cuantos mantengan de rehén a toda una nación. Las demandas de diálogo y solución estructural no pueden ser ignoradas más tiempo, porque cuando Cochabamba se paraliza, Bolivia también lo hace.
