“Nunca vi un proceso electoral con tantas trabas y sin seguridad jurídica”. Con estas palabras, el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, de Bolivia, describía el pasado martes el caos que rodea las elecciones judiciales previstas para fin de año. Estos comicios estaban originalmente programados para 2023 pensando en que el relevo de autoridades judiciales ocurriera el primer día de 2024. Sin embargo, en el transcurso del calendario, las constantes postergaciones, fallos contradictorios, y recursos legales han convertido el proceso en auténtica odisea.
Tras superarse todos estos embates y cuando solo faltaban 45 días de la nueva fecha prevista para los comicios, los tribunales constitucionales de Pando y Beni han declarado desiertas las convocatorias para los cargos más altos en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Estas decisiones han dejado el trabajo de preselección en la Asamblea Legislativa en foja cero, aumentando las probabilidades de que la fecha del 1 de diciembre también sea postergada. La decisión final será tomada este jueves.
Todas estas argucias legales que impiden la consumación de los comicios inducen inevitablemente a preguntarse: ¿Es obra de individuos inconformes, o estamos presenciando una campaña coordinada para bloquear estas elecciones? El TSE ha sido claro en su respuesta, calificando estas acciones como un “golpe a la democracia”.
Quizá sea hora de replantarse la forma en que elegimos a nuestras autoridades judiciales. La propuesta de una reforma judicial debe incluir, entre otros temas, la creación de un sistema que, si bien respete la participación ciudadana, garantice que los candidatos sean seleccionados por su competencia.
A la par de esto, se deben establecer criterios claros para la postulación y selección de candidatos, con un seguimiento estricto de su cumplimiento. Las constantes impugnaciones y trabas jurídicas, como las que estamos viendo, reflejan una debilidad en el diseño del sistema actual, que es vulnerable a la manipulación y los intereses de grupos que buscan interferir en el proceso.
Las elecciones judiciales en Bolivia enfrentan un panorama sombrío. La incapacidad del Estado para garantizar un proceso electoral sin interrupciones ha generado un profundo malestar. Las repetidas trabas y la falta de seguridad jurídica no son solo un síntoma de disconformidad, sino una señal de que algo fundamental está roto en el sistema. Urge considerar una reforma estructural que permita la selección de autoridades judiciales con la legitimidad que el país tanto necesita, con la fluidez a la altura de las circunstancias y que puedan desarrollarse sin tantas trabas y con mayor seguridad jurídica.
