El país acaba de atravesar la peor temporada de incendios forestales de su historia reciente. Un total de más de 10 millones de hectáreas fueron consumidas por el fuego en los departamentos de Santa Cruz y Beni, superando en escala y destrucción a la catástrofe de 2019, cuando las llamas arrasaron 6 millones de hectáreas. Y aunque ahora, después de más de cuatro meses de intensa lucha, se han apaciguado los incendios, aún queda una media docena de focos activos en Santa Cruz, Beni y La Paz, que podrían sumar a la cifra devastadora de esta tragedia.
Las pérdidas son incalculables. Millones de animales han muerto, y vastas zonas de bosque y biodiversidad fueron aniquiladas por el fuego. La Chiquitanía, un ecosistema único, fue una de las zonas más afectadas. El esfuerzo y la resistencia de bomberos, voluntarios y comunidades indígenas han sido admirables, así como la ayuda internacional que recibió el país. Este infierno no debería haberse desatado en primer lugar. La temporada de incendios ha dejado claro que necesitamos con urgencia políticas y acciones que prevengan una tragedia de esta magnitud.
Entonces, ¿qué nos corresponde hacer ahora, en la etapa del posincendio?
Primero, diseñar un plan nacional de recuperación ambiental. Es esencial restaurar los ecosistemas devastados y, con ello, reconstruir el hogar de millones de especies que sufrieron los estragos del fuego. El Estado, junto a organizaciones y la comunidad científica, debe liderar proyectos de restauración y regeneración ecológica, priorizando las áreas protegidas y las comunidades indígenas que han sido afectadas.
Segundo, fortalecer y hacer cumplir leyes que desincentiven la quema de bosques. La realidad de esta crisis es que muchos de estos incendios son producto de prácticas no sostenibles de uso de la tierra, que han alentado a través de permisos y normas laxas. Necesitamos una legislación sólida que prohíba y sancione severamente los incendios provocados y que ofrezca alternativas para que la agricultura y la ganadería puedan desarrollarse sin poner en riesgo los ecosistemas forestales.
Tercero, implementar sistemas de control y sanciones efectivas. Esta crisis ha demostrado la necesidad de contar con un sistema de monitoreo y prevención de incendios forestales que funcione, con penalidades claras y contundentes para quienes atenten contra el medio ambiente. No podemos permitir que se repita esta devastación. Este es el momento de actuar para que el “infierno” que vivió el país sea recordado como una tragedia que marcó un cambio de rumbo, un despertar hacia políticas ambientales responsables y sostenibles. Aún hay tiempo para aprender de esta lección amarga.
