Después de 20 meses de iniciado, el proceso para la realización de las elecciones judiciales parece encaminarse a su fin en una modalidad ajena a lo prescrito en la Constitución Política del Estado (CPE).
Esa distorsión, la larga lista de peripecias que ha vencido este trámite y, sobre todo, la deteriorada confianza que inspira en los bolivianos la administración de justicia nacional, plantean la necesidad de un serio cuestionamiento al sistema judicial vigente en el país.
Huérfano de apoyo político e institucional real, el Tribunal Supremo Electoral ha optado por someterse al dictamen del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y realizar, solo con un alcance parcial, los comicios para renovar a las más altas autoridades de Órgano Judicial.
Las elecciones judiciales, plenas como lo instaura la CPE, debieron tener lugar en diciembre de 2023. El proceso legislativo para su realización arrancó la primera semana de marzo del año pasado y cinco semanas más tarde se inició la larga serie de suspensiones determinadas por salas constitucionales departamentales y el mismo TCP.
Es difícil explicar cómo el proceso para la realización de esas elecciones pudo entramparse en el Parlamento, por decisiones del TCP, sin considerar la posibilidad de opacos propósitos político-partidarios que distorsionan la institucionalidad.
Es también difícil entender y aceptar como correcto y ajustado al orden legal que quienes debieron terminar su mandato el 31 de diciembre de 2023 decidieran prorrogarlo justificándose en la necesidad de superar una circunstancia que ellos mismos provocaron admitiendo recursos de interés personal que paralizaron un trámite de trascendencia colectiva, y demorando la emisión de las resoluciones y fallos correspondientes.
Esa actitud confirma el desprestigio de todo el sistema judicial constatado por varias encuestas, el resultado de una de ellas —realizada en las 10 principales del país en junio de 2023, con una muestra de 2.000 ciudadanos— revela que el 85% de los entrevistados considera que la justicia es poco o nada confiable.
Y es dudosa la legitimidad de los altos magistrados que tuvieron que haber sido sustituidos hace 10 meses y dos semanas en unas elecciones en las que los bolivianos no creen.
En promedio, el 60% de los votos para elegir a los miembros del TCP en 2017 fueron nulos o blancos. Peor aún, la suma de todos los votos (618.168) que recibieron esos tribunos es inferior al número de firmas colectadas para apoyar la fracasada propuesta de realizar un referendo constitucional para la reforma judicial: 833.115.
“Seguimos ensayando un modelo de justicia, vía elecciones judiciales, que no funciona”, decía hace seis días el Vicepresidente del Estado. Es cierto y quienes están en posición de tomar iniciativas para remediarlo no lo hacen.
