Hace solo un par de semanas, advertimos como Asociación de Periodistas de Santa Cruz (APSC) que la desaparición del diario Página Siete no debía ser considerado un hecho fortuito ni aislado, o apenas un caso más de quiebra empresarial, resultado de desaciertos en el manejo del negocio o incapacidad para enfrentar los desafíos que plantean los cambios tecnológicos que están alterando de manera acelerada y significativa el comportamiento de las audiencias. Un comunicado reciente de Los Tiempos nos dice, lamentablemente, que estábamos en lo cierto.
A poco de cumplir 80 años de vida, el diario cochabambino de alcance nacional está en riesgo de correr la misma y triste suerte de Página Siete, prácticamente por las mismas razones: la sumatoria de dos factores que causan la tormenta perfecta. Uno de mercado (precios de materia prima, modelo de negocio, etcétera); y otro, político (presión desde el gobierno de turno para matar al medio, a través del acoso judicial y la asfixia económica). Una suma en la que, no hay duda, tiene peso mortal la presión del poder gubernamental, tal como lo dejó en evidencia Página Siete y lo señala ahora Los Tiempos.
Este es un factor que no puede ser soslayado al analizar lo que está ocurriendo con los medios de comunicación en Bolivia, particularmente con la prensa independiente. Hago cuestión de subrayar este punto, para contrarrestar la línea de análisis de quienes quedan estancados en las consideraciones netamente económicas, soslayando el peso fatal que tiene la presión política. Lo que está pasando en nuestro país va más allá de la tendencia vista en el mundo, marcada por la grave crisis que está enfrentando la industria de los medios y que demanda soluciones urgentes, como advierte Laboratorio de Periodismo.
En Bolivia ya no se trata apenas de enfrentar dificultades propias del mercado, como las que surgen por la migración de la publicidad privada a medios digitales, la concentración de la publicidad digital en manos de las grandes plataformas tecnológicas, la competencia de precios entre suscripciones digitales y tradicionales, etcétera. Están las dificultades que surgen no sólo del manejo discrecional de la publicidad pública —el Gobierno la usa para premiar a los medios que le son afines y para castigar a los que escapan a su control—, sino también por la amenaza directa o velada a terceros, para que no publiciten en los medios de comunicación que escapan al control político.
Un problema que no es apenas de uno o más medios, o de un puñado de trabajadores de la prensa, sino de la sociedad en su conjunto. Así lo ha expuesto con claridad el analista de medios Lou Paskalis en la nota ya mencionada del portal Laboratorio de Periodismo, en la que destaca a “la industria del periodismo como un bien público esencial”, urgido hoy de una “revitalización económica” que puede llegar como inversión publicitaria de parte de las empresas, asumida ésa como parte de los componentes ambiental, social y gobernanza, conocidos como ESG por su sigla en inglés.
Una propuesta a tono con la planteada por la APSC en el pronunciamiento publicado tras conocer el cierre de Página Siete. Dijimos entonces y repetimos hoy: salvar a los medios de comunicación debe ser una tarea compartida con empresarios, organizaciones de la sociedad civil y cada ciudadano que aprecie vivir en libertad. Paskalis tiene una visión clara: “El periodismo es pilar de nuestra economía, nuestra democracia y nuestra sociedad. Eso sólo debería calificarlo para un lugar en las carteras ESG de los anunciantes”.
Por si no fuera suficientemente clara esa visión, Paskalis redunda: “Al considerar la inversión publicitaria en medios locales como parte de su estrategia ESG, las empresas estarían contribuyendo a la supervivencia y al florecimiento del periodismo local. Esta inversión no solo puede ayudar a mantener a los medios de comunicación financieramente viables, sino que también puede reforzar el tejido social de la comunidad al apoyar un periodismo de calidad que se ocupa de los temas locales”.
Si eso es necesario en un país normal —digo, que respeta las reglas básicas de convivencia y tiene un Gobierno garante del Estado de derecho—, mucho más necesario es en un país como el nuestro, carente de todo respeto a derechos y garantías constitucionales. Esta es la mejor opción para librar a los medios de comunicación de la dependencia, para vivir o sobrevivir, del dinero que administran los gobiernos de turno. Y para evitar que repitan una y otra vez, sea por ignorancia o desesperación, errores en la toma de decisiones que no pasan de ser “pan para hoy y hambre para mañana”.
Por favor, no lo olvidemos: la información es un bien público esencial, cuya preservación y disfrute depende de decisiones a tomar oportunamente por todos los actores y sectores de la sociedad civil que dicen querer seguir viviendo en y con libertad. Con Los Tiempos estamos a tiempo. Con Página Siete también estuvimos a tiempo, pero desaprovechamos la oportunidad de salvarlo, no fue por falta de un grito de auxilio. Y ya pesa su falta.
