Millones de hectáreas, hasta ahora no cuantificadas con precisión, han quedado calcinadas por el fuego de los dos últimos meses en las reservas naturales más importantes del país y del continente. ¿Cuántos millones de mamíferos, reptiles, aves e insectos han muerto en este tiempo? Escuché estimaciones de hasta 20 millones y que a la naturaleza le tomará 500 años para recuperar la cualidad forestal y el ecosistema en los lugares devastados, sobre todo en el Madidi.
No olvido las muertes de personas, producto de las condiciones extremas en tierras bajas, además de la brutalidad de un instructor en Cochabamba que provocó la muerte de un muchacho que hacía su servicio premilitar, exigiéndole que siga haciendo ejercicio físico en pleno calor sofocante, mientras el conscripto le decía que ya no podía más. El Gobierno habla de 13 muertes por golpes de calor; la Gobernación cruceña reporta 16 y añade intoxicación por la humareda.
El saldo parcial de las quemas, premeditadas o no, es angustiante y debería haber tocado las fibras de los gobernantes y los actores políticos y cívicos de este momento, pero las élites oficialistas y opositoras están de espaldas a la realidad y muestran que el sufrimiento de la gente en San Buenaventura, Rurrenabaque, Roboré y Villa Tunari, por nombrar los municipios más afectados por los incendios forestales, no es parte de las prioridades de quienes están ejerciendo el poder y de quienes pretenden tenerlo.
Resulta inexplicable que Luis Arce haya viajado la semana pasada al departamento de Beni para participar en la celebración de la efeméride local y en su discurso no haya dicho una sola palabra sobre los incendios que están consumiendo grandes extensiones en Rurrenabaque, San Borja y otros municipios benianos, y ponen en riesgo las fuentes de agua.
Parece haberse impuesto el criterio insensato de que el fuego ha sido provocado por gente que busca desestabilizar al Gobierno y, por tanto, no hay que caer en la trampa de confirmar los focos de incendios como si estos hubieran sido originados por fenómenos naturales o descontrol en los chaqueos. Los responsables están en los sectores cocaleros, auríferos y de traficantes de tierras.
Si el razonamiento gubernamental tuviera asidero, fruto de información cotejada y proporcionada por los servicios de inteligencia del Estado, por ejemplo, el manual establece que la manera de neutralizar el impacto negativo en la sociedad es una visita del presidente a las zonas calientes para mostrar solidaridad de autoridades que gobiernan a miles de kilómetros de distancia, pero son empáticas con el dolor de la gente afectada, no son apáticas.
Tanta insensibilidad presidencial ante la tragedia —no referirse al tema en su informe de tres años de gestión ante la Asamblea Legislativa, no pronunciar una sola vez la palabra incendio en Trinidad, no declarar estado de desastre nacional— está relacionada con el encapsulamiento del jefe de Estado. Su entorno político lo ha desconectado de lo que sucede en el país.
Pero, la desconexión también está afectando, y mucho, a quienes desempeñan el rol de opositores políticos, parlamentarios y cívicos. Desde la comodidad de sus redes sociales o en cotidianas y repetitivas declaraciones mediáticas, quienes se presentan como líderes de la oposición boliviana, legisladores irreductibles o representantes genuinos del pueblo denuncian ecocidio y acusan a los masistas de ecocidas, pero sin iniciativas concretas que podrían poner en aprietos al arcismo.
Bajo el argumento de que no quieren ser acusados de politizar la emergencia por el fuego, líderes opositores que pueden moverse en el país no fueron a los lugares que arden, como sí lo hicieron en 2019, para constatar la gravedad de la situación, llevar ayuda a los damnificados o presentar iniciativas legislativas para eliminar las denominadas normas incendiarias, aprobadas en el régimen de Evo Morales (2006-2019). La excepción es una diputada de Tarija que está puliendo una ley que lleva el curioso nombre de Pachamama.
Criticar sin plantear nada novedoso es el rostro del cinismo político en plena crisis de los incendios que alcanzaron a cerca de 20 municipios de cuatro departamentos del país. ¿Con qué cara pedirán el voto en los lugares del desastre, si no quisieron dejar sus sitios de confort cuando se necesitaba de ellos? La pregunta se impone porque nadie puede garantizar que el panorama no se repita el próximo año, en la antesala de las elecciones generales de 2025.
En el nivel departamental, las autoridades elegidas por el voto popular y las designadas en la gobernación cruceña se han enfrascado en una pelea discursiva con el Gobierno sobre la existencia o no de incendios forestales en sitios específicos y sobre quiénes deben enfrentarlos. Discusiones estériles, mientras el fuego avanza.
Los bosques ardieron en el Parque Nacional Noel Kempff, en municipios de la región chiquitana, en comunidades rurales de Roboré y hasta en ciertos puntos de la capital cruceña, alentados por los fuertes vientos y la sequía. ¿Por qué la gobernación de Santa Cruz no declara situación de desastre departamental, como lo hizo su par del Beni? ¿No se quiere abrir la compuerta al gobierno nacional porque teme que se adueñe de la situación?
El vicegobernador cruceño ha señalado que se puede declarar estado de emergencia departamental para atender de manera más efectiva y coordinada los focos de incendio e impedir su reactivación, así las capacidades de la gobernación no hayan sido rebasadas en su totalidad. La disputa política se antepone a cualquier acción de sentido común.
En el caso del comité cívico cruceño, éste ha perdido iniciativa e influencia políticas, va detrás de los acontecimientos y no puede superar la conducta reactiva. La prueba es que se vio forzado a convocar a la asamblea de la cruceñidad ante los reclamos de los ciudadanos por una suerte de incomprensible tolerancia con el populismo autoritario.
Como era de esperarse, las conclusiones de la asamblea de la cruceñidad fueron similares a las exigencias de las plataformas ciudadanas de exigir la anulación de las normas incendiarias y de la declaratoria de desastre nacional, entre otras. Y para quedar con la consciencia tranquila, los cívicos cruceños decidieron sumarse a una marcha programada para este viernes, organizada por el colegio médico de ese departamento.
La propaganda gubernamental asegura que los incendios forestales fueron atendidos de inmediato, los liderazgos opositores siguen haciendo política a través de las pantallas de sus celulares, la gobernación cruceña se niega a declarar emergencia departamental pese a que hay condiciones para hacerlo y los cívicos comenzaron a actuar después de dos meses de incendios forestales. Insensibilidad y cinismo de unos y otros.
