Economista y actual Gerente Regional Oriente de la Gestora Pública a.i.
En las últimas semanas, se ha visibilizado un movimiento en Bolivia que busca modificar la Ley No 065 de Pensiones para permitir el retiro anticipado de los aportes que los trabajadores han acumulado durante su vida laboral. Si bien esta propuesta puede sonar atractiva a corto plazo, es necesario analizar con detenimiento los efectos económicos y sociales de esta medida, especialmente desde la perspectiva de la protección social a largo plazo.
En economía, uno de los principios fundamentales es que los agentes económicos tienden a preferir el gasto presente al futuro. Este comportamiento responde a la gratificación inmediata, es decir, a la necesidad de cubrir necesidades o deseos en el corto plazo. Sin embargo, esta tendencia también conlleva riesgos, especialmente cuando se trata de recursos destinados a garantizar la seguridad financiera en la vejez. Permitir el retiro anticipado de los aportes de pensiones implica un riesgo significativo: la posibilidad de que muchos trabajadores no lleguen a acumular los recursos necesarios para mantener un nivel de vida adecuado en su jubilación.
Este fenómeno, conocido como "preferencia temporal", es una de las razones por las que los sistemas de seguridad social están estructurados de manera que los aportes de los trabajadores sean preservados hasta que alcancen la edad de jubilación. De hecho, la Constitución Política del Estado boliviano reconoce la seguridad social de largo plazo como un derecho de todos los ciudadanos, precisamente para contrarrestar la inclinación natural de gastar antes que ahorrar. Al ser un derecho constitucional, la administración de estos recursos debe estar regulada por el Estado, cuyo objetivo es garantizar que los trabajadores cuenten con un sustento durante la vejez.
Modificar la Ley de Pensiones para permitir retiros anticipados también iría en contra de principios básicos de la teoría del ciclo de vida. Esta teoría postula que los individuos intentan equilibrar su consumo a lo largo de la vida, de modo que ahorren durante los años de ingresos laborales para cubrir sus necesidades en la jubilación. Si se permite el retiro de los aportes antes de la jubilación, se rompe este equilibrio, lo que puede llevar a una falta de recursos en el futuro, justo cuando los trabajadores más los necesitan.
Adicionalmente, otro concepto relevante en este debate es el de ahorro forzoso, un mecanismo esencial en los sistemas de pensiones. Este tipo de ahorro, que se establece mediante aportes obligatorios, busca proteger al trabajador de decisiones impulsivas o mal planificadas que pongan en riesgo su futuro. Al permitir retiros anticipados, se debilita esta protección, dejando a muchos trabajadores en una posición vulnerable frente a la incertidumbre de sus años de retiro.
Las experiencias internacionales muestran que en países donde se ha permitido el retiro parcial o total de los aportes de pensiones, las consecuencias no han sido positivas. En muchos casos, los trabajadores que hicieron retiros anticipados agotaron rápidamente esos fondos, dejándolos sin el respaldo necesario para enfrentar su vejez. Esto ha generado un aumento en los índices de pobreza entre la población de adultos mayores, además de una mayor presión sobre los sistemas de asistencia social del Estado.
En conclusión, si bien la posibilidad de acceder a los aportes de pensiones antes de tiempo puede parecer una solución rápida para problemas financieros inmediatos, es crucial considerar las implicancias a largo plazo. Los sistemas de pensiones existen precisamente para proteger a los trabajadores del riesgo de llegar a una vejez sin los recursos suficientes para vivir con dignidad. Por ello, la Ley del Sistema Integral de Pensiones, en concordancia con la Constitución, busca garantizar la seguridad social de todos los bolivianos, incluso cuando las decisiones individuales puedan poner en riesgo ese objetivo.
