Los deshonrosos eventos paradiplomáticos ocurridos hace unos días en Caracas, que culminaron con la forzada salida de Edmundo González, ganador de las elecciones en ese país, hacia Madrid como asilado, representan un grave incidente internacional. En este episodio, han estado involucradas figuras destacadas del gobierno de Pedro Sánchez, de España.
La coacción sufrida por González, quien se vio obligado a dejar Venezuela bajo la amenaza de sufrir peores consecuencias tanto personales como familiares si se negaba, constituye una de las acciones más osadas de los defensores y promotores del llamado socialismo del siglo XXI. Es, además, un peligroso atropello a las formas diplomáticas que han regido las relaciones internacionales hasta el presente.
Sin el menor recato, sus artífices han transformado la diplomacia –en este caso, una paradiplomacia– en herramienta para imponer regímenes autoritarios. A veces con la elegante astucia de "lacayos de smoking", y otras con la torpeza de grupos violentos, el objetivo es siempre el mismo: consolidar un poder absoluto, aun a costa de violar los principios fundamentales del derecho internacional, como el de la no injerencia en los asuntos internos de los Estados.
El concepto de soberanía, tal como fue concebido tras la Guerra de los Treinta Años en Europa y la Paz de Westfalia en el siglo XVII, y que luego se consolidó en las convenciones y cartas de los principales organismos internacionales, corre ahora el riesgo de desmoronarse ante esta nueva interpretación de las relaciones internacionales.
Lo acontecido en Caracas con el legítimo vencedor de los comicios de julio pasado guarda inquietantes similitudes con los eventos de 2019 en Bolivia. Entonces, un grupo armado español, arropado por su embajada, intentó irrumpir en la residencia mexicana en la zona sur de La Paz para sacar a los políticos del MAS que se refugiaban allí tras el escándalo del fraude electoral de ese año.
Curiosamente, los protagonistas de ambas situaciones son los mismos. A la cabeza de la coacción en Venezuela estuvo Ramón Santos, embajador de España en Caracas. En Bolivia, este mismo Santos, exembajador del gobierno de Rodríguez Zapatero en La Paz, intentó coordinar desde las sombras el accionar de un grupo armado que, encapuchado, buscaba irrumpir en la embajada mexicana para "rescatar" a los políticos asilados. Sin embargo, en ese entonces se toparon con una Cancillería boliviana firme que no permitió que semejante atropello se consumara.
Irónicamente, hoy la exministra de Relaciones Exteriores, Karen Longaric, quien defendió la soberanía boliviana en aquel momento, se encuentra fuera del país y no puede regresar, consciente de que la espera una serie de procesos judiciales que, por inconsistentes que sean, podrían terminar por encarcelarla.
Los sucesos de 2019 fueron relatados por la propia Longaric a un conocido programa de televisión de entonces. Y en ellos se detalló la fuerte presión que sufrió la ministra boliviana para que este grupo armado pudiera llegar en el vehículo de la encargada de negocios de España, Cristina Borreguero, hasta la puerta de la residencia de la embajada de México en el barrio de la Rinconada en La Paz, intento que fue rechazado categóricamente.
Aquel hecho terminó con la declaratoria de personas no gratas de las altas representantes de México y España, acontecimiento que no tuvo mayores consecuencias diplomáticas, pues claramente las representaciones diplomáticas en La Paz estaban conscientes de su participación en los sucesos. Además de las investigaciones abiertas por España, lo importante fue la disculpa que le ofreció después la canciller española interina Margarita Robles, que en ese momento era titular de la cartera de Defensa de su país.
Sin duda, los sucesos en Venezuela están mostrando al mundo la peor cara del manejo de la diplomacia internacional y pueden ser considerados como objeto de estudio en las escuelas diplomáticas del mundo, sobre lo que no debe hacerse en este ámbito.
