En 17 años —desde la anterior visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Bolivia— el país ha sido beneficiado con “avances en materia de inclusión y participación social sin precedentes”, constata el informe preliminar de los comisionados que durante cinco días observaron “la situación de derechos humanos en el país, con enfoque en la institucionalidad democrática respecto de las relaciones entre los Órganos del Estado; los desafíos sobre acceso a la justicia y a las garantías judiciales (…), entre otros temas”.
Sin embargo, persisten “desafíos estructurales (…); así como el recrudecimiento de situaciones preocupantes de violencia partidista”. Esa contradicción, que evidencia los efectos del llamado “proceso de cambio”, aparece siete veces en el mencionado informe, es decir, en todos los “puntos que resumen algunos hallazgos preliminares”.
Esos hallazgos “reflejan una mirada longitudinal que parte de casi dos décadas de monitoreo por parte de la CIDH”, precisa el documento.
Esa mirada recorre varios aspectos inherentes a los derechos humanos. Prácticamente en todos, la comparación con lo observado hace 17 años resalta la penosa situación de la administración de justicia nacional.
“En Bolivia históricamente la justicia se ha manejado de manera instrumental dependiendo de los intereses del poder político en turno; falencia sobre la que coincidieron todos los actores entrevistados durante la visita”, señala el informe que dedica cerca de la mitad de su contenido, el 40%, a nuestro sistema judicial.
Desde “la existencia de tipos penales poco claros y objetivos tales como sedición, terrorismo o incumplimiento de deberes”, hasta las condiciones del hacinamiento en las cárceles, la demora en los procesos, el “presupuesto precario asignado al sector justicia”, la ineficacia de algunas leyes —especialmente de aquellas que protegen a las mujeres—, “la ineficiencia del sistema judicial” y otros varios aspectos son desglosados en el informe.
La CIDH constata una “cuestión estructural que afecta a la sociedad boliviana toda entera, es la falta de acceso a la justicia, por dos razones: la primera caracterizada por falencias normativas y debilidades institucionales; y la segunda, por la ausencia de independencia judicial”.
Nada sorprendente. Lo que sí llama la atención es la coincidencia entre algunos aspectos observados y las preguntas del referendo de iniciativa judicial para iniciar la reforma a la justicia boliviana.
El más importante de esos aspectos en esta coyuntura es “un proceso adecuado de nombramientos y selección de magistrados (…) esencial para garantizar la independencia de las y los operadores de justicia”.
