Dentro de un mes y cinco días, más de 23 mil millones de dólares pertenecientes a 1.200.000 aportantes del país y que se hallaban depositadas en las AFP pasarán a ser administrados por la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, entidad estatal que gasta el 20 por ciento de sus ingresos en sueldos y cuyo gerente no sólo tiene poca o nula experiencia en el manejo de pensiones, sino que además gana la friolera de 35 mil bolivianos mes (oficialmente, mucho más que el Presidente del Estado).

Estos datos han sido relievados los últimos días por los economistas que alertan del peligro inminente que se viene al confiar tal cantidad de dinero (la mitad del PIB de Bolivia) nada menos que a una oficina del Estado, conocido por ser un mal administrador, una versión que poco pudo desmentirse en la gestión actual. Sólo hay que ver la productividad de las empresas públicas creadas en su gestión.

El miedo por la suerte de los recursos de los jubilados y rentistas crece aún más cuando se tiene presente que el Gobierno ya no tiene otras fuentes de financiamiento, con el gas que se va agotando (caída de 35 por ciento con relación a 2014), las reservas internacionales netas (RIN) en declive (3.500 millones de dólares) y la deuda pública en su máxima expresión (46 por ciento del PIB).

El Gobierno ha garantizado la seguridad de estos recursos aludiendo al artículo 65 de la Ley de Pensiones, que los ve como “patrimonios autónomos”, que tienen finalidades específicas, “por lo que no pueden tener un destino diferente al establecido por ley, es decir, usarse para inversiones en el mercado de valores y generar pensiones. Cualquier otro destino es penado por la norma”, según aclaró la institución en un comunicado.

Y si bien el Gobierno garantiza estos “candados” legales, economistas como Gonzalo Chávez, alertan que también existen “ganzúas”, que hacen temer que los recursos sean utilizados con otros fines.

Las últimas noticias indican que 15 sectores organizan marchas y otras movilizaciones (sin mucha fuerza, eso sí) contra la consolidación del proceso y los economistas mencionan posibilidades que no se reducen a la elección maniquea entre gestora pública y administradora privada, sino que plantean fórmulas en que pueden combinarse ambas posibilidades.

Sin embargo, después de un lento proceso de 12 años y cuando sólo falta un mes y cinco días, cualquier protesta o fórmula imaginativa parece ser ya algo tardía, un coletazo al proyecto que el Gobierno termina por consolidar.

La suerte parece estar echada. ¿Será que en el último mes cambia en algo la situación y los futuros jubilados y pensionistas tengamos otra alternativa aparte de pedir a Dios por un uso transparente de estos recursos?