Los periodistas de Bolivia estamos en emergencia porque un proyecto de ley enviado por el presidente del Estado a la Asamblea Legislativa contiene una disposición que, de ser sancionada y puesta en vigencia la norma en ciernes, impondrá una especie de autocensura debido a la amenaza de procesos penales en tribunales ordinarios.
En efecto, el parágrafo III del artículo 281 (VII), del proyecto de Ley 305 de Cumplimiento de Compromisos Internacionales en Materia de Derechos Humanos, modifica una norma vigente y establece que: “Cuando (un) hecho (de difusión e incitación al racismo o a la discriminación) sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno”.
Pero el trabajo de los periodistas y el de los medios de comunicación está regido por la Ley de Imprenta, norma que se aplica en los casos de difamación, por ejemplo, y, obviamente, de discriminación y racismo.
“No es que los periodistas estemos en contra de la lucha contra la discriminación y el racismo, porque además todo ello ya está establecido en la Constitución. El problema es que esas figuras son tan vagas que pueden ser utilizadas contra los periodistas, peor aun considerando que jueces y fiscales, en los hechos, trabajan como si fueran funcionarios del Ejecutivo”, explica el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP).
Es más, en repetidas ocasiones se han producido requerimiento y acciones de fiscales y jueces que, ignorando el ordenamiento legal vigente, pretenden obligar a periodistas a violar el “secreto de imprenta” e infringir así lo establecido por la Ley de Imprenta que regula la profesión.
Ahora, con el pretexto del cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos, como lo enuncia el proyecto de ley cuestionado, es claro que se pretende coartar la libertad de prensa, pues el trabajo de los periodistas estaría expuesto a represalias cuando fastidie a las instancias de poder.
Ante esta amenaza evidente, las dos mayores organizaciones de periodistas del país han dirigido una carta al vicepresidente del Estado señalando que “el intento de consolidar la penalización del trabajo de la prensa, a través de la eliminación de los Tribunales de Imprenta y de los Códigos de Ética como medios para garantizar la aplicación de los principios de veracidad y responsabilidad en el ejercicio periodístico, busca establecer un sistema de censura y autocensura que limite el derecho a la libertad de expresión y de prensa, por miedo a ser penados por ello. Esta intención no solo atenta contra los derechos constitucionales de la prensa, sino que además violenta los principios elementales de la democracia”.
