La magnitud del impacto provocado por la difusión de las confesiones escritas de un sacerdote jesuita español que abusó sexualmente de menores de edad en un colegio de Cochabamba es tan justificada como delicadas son sus consecuencias.
Una de las manifestaciones de ese impacto es la acción de la Fiscalía, que amplió a todo el país las pesquisas por casos de pederastia que involucran a curas y agilizado el tratamiento de otros que habían sido denunciados el año pasado, como el del cura aprehendido ayer en Tarija.
Otra es la actitud de víctimas de esos abusos que decidieron denunciarlos y, en el caso de los exalumnos del colegio Juan XXII de Cochabamba, organizarse para perseguir en justicia a los perpetradores y a quienes los encubrieron.
También está la reacción de Gobierno en su prontitud para formular una propuesta legislativa que excluya de la prescripción legal de los delitos de abuso sexual a menores y, entre otros aspectos, la creación de una comisión de la verdad que se encargue de investigar en profundidad el alcance de estos hechos perpetrados por religiosos.
Probablemente, la sociedad toda está más sensibilizada sobre ese tipo de vejámenes sexuales y, como resultado, será más vigilante para percibir actitudes sospechosas de adultos hacia menores con los interactúan.
Esos son los aspectos positivos que resultan de la amplia difusión del escándalo del cura pederasta. Son positivos porque apuntan a aplicar justicia en contra de religiosos delincuentes sexuales y sus encubridores y reparación para sus víctimas.
Pero el impacto del escándalo no se limita a sus aspectos positivos. Además de la recuperación mediática que hacen del asunto algunos personajes políticos y no políticos, hay la pasividad de la Conferencia Episcopal Boliviana acerca del tema y un cierto sesgo peligroso en la iniciativa gubernamental mencionada.
La Iglesia católica ha protegido desde siempre a los curas abusadores y encubierto sus vejámenes que afectaron y aún afectan a decenas de miles de víctimas en muchos países de todos los continentes, hasta hace cerca de una década, cuando el actual papa los condenó abiertamente e instruyó no ocultar más esos escándalos.
Uno de los efectos de ese sinceramiento pontificio hacia los abusos sexuales perpetrados por curas ha sido la actitud de la Conferencia Episcopal de Alemania, que encargó a tres universidades una investigación al respecto.
La iniciativa del Gobierno boliviano apunta a crear una comisión de la verdad integrada por instancias exclusivamente estatales, entre ellas, obviamente, las del sistema judicial, cuya credibilidad es más que dudosa. Eso, y la amplitud y complejidad de lo que serían sus tareas, exige también la participación de instancias de la sociedad civil.
