Llama la atención la manera cómo el Gobierno, al imponer medidas destinadas a resolver situaciones perjudiciales para la economía, comete fallas que provocan conflictos con sectores productivos afectados por aquellas, y problemas para el ciudadano común.
Es el caso de las restricciones a la venta de diésel impuestas mediante dos decretos promulgados el 12 de mayo último, que perjudican a los productores agropecuarios y cuyo fin es el de combatir el contrabando de gasolinas y/o diésel.
Esos combustibles subvencionados “son vitales para el sector productivo, para el transporte, para la minería (pero), están siendo mal utilizados por personas que se dedican a actividades ilegales. Debemos frenar esto”, explicaba el Ministro de Hidrocarburos y Energías, dos semanas después de promulgados los decretos.
No es poco el volumen de combustibles “mal utilizado”. Un diagnóstico de la Agencia Nacional de Hidrocarburos constata que alcanza a 250 millones de litros anuales que en un 80 por ciento van a la minería ilegal, al narcotráfico y a la reventa; el resto sale al exterior de contrabando.
Así, la solución simple para combatir esa actividad que perjudica al Estado, pues lucra de manera ilegal con las subvenciones a los combustibles, es restringir su venta incrementando los controles a quienes los compran.
Pero existen sectores a los que esas restricciones y esos controles perjudican en sus tareas cotidianas, completamente legales e importantes en el aparato productivo nacional. Es el caso de los agropecuarios.
“Nos están dando hasta 120 litros (de diésel) en los surtidores. No quieren ceder más (cupos), por día ocupamos entre 600 y 800 litros”, reclamaba el líder de un asociación de productores agropecuarios del norte cruceño que iniciaron un bloqueo carretero en esa región donde la zafra de caña está por comenzar.
Los productores afectados por las restricciones reclamaban la derogación de los citados decretos y persistieron con su bloqueo durante tres días. Con los perjuicios obvios, por ejemplo, para unas 500 familias de productores lecheros que en 24 horas aseguran haber perdido más de 900 mil bolivianos debido a la obstrucción de la vía.
El bloqueo concluyó el jueves en la noche, luego de que el Gobierno se comprometió a lo esencial para los productores: garantizar la provisión de combustibles líquidos.
Es decir, los excluyó de la aplicación de los decretos para luchar contra el contrabando y desvío de combustibles para otras actividades ilícitas.
Todo esto suscita la pregunta: ¿carece el Gobierno de funcionarios suficientemente capaces para formular medidas bien pensadas y que cumplan su propósito sin provocar perjuicios a las actividades productivas?
